LA VOZ DE GOICOECHEA.- El Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, declaró que el Gobierno de la República apoya las gestiones de Correos de Costa Rica para compensar y recuperar los daños ocasionados por los funcionarios que no acudieron a laborar por encontrarse en la huelga contra el plan de reforma fiscal.
“Como lo hemos dicho en numerosos foros, el Gobierno de la República apoyará y emprenderá todas las acciones constitucionales y legales para compensar y recuperar los daños causados por aquellos funcionarios públicos que participaron en la huelga, cuyas instituciones recibieron declaratoria de ilegalidad”, acotó el ministro de la Presidencia.
Reafirmó que el Gobierno considera su responsabilidad y obligación respaldar y sustentarse en los principios constitucionales y legales para compensar y recuperar los daños causados por quienes no brindaron el servicio.
Correos de Costa Rica presentó este martes una acción de inconstitucionalidad argumentando que la aplicación del artículo 379 del Código de Trabajo en la declaratoria de ilegalidad no les permite proceder con los rebajos salariales de forma retroactiva.
“Esta acción se presenta como un acto de responsabilidad con los fondos públicos que maneja la empresa”, expresó el presidente de la Junta Directiva de Correos de Costa Rica, José Alexis Jiménez.
Específicamente, la acción se relaciona con la declaratoria de ilegalidad de la huelga en Correos de Costa Rica, emitida por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José (No. 1094-2018), el pasado 18 de octubre, sobre el proceso de calificación del movimiento huelguístico en la empresa.
La acción de inconstitucionalidad se presentó debido a que los señores jueces emiten una opinión en relación con el artículo 379 del Código de Trabajo, solo en la parte considerativa y no dispositiva de la sentencia. Por esta razón, se genera una incongruencia entre el proceso de calificación de la huelga, lo solicitado por las partes y el fallo dictado.
Con esta acción, Correos de Costa Rica desea que la Sala Constitucional interprete que cuando se trate de un “rebajo de salario” por participación en huelgas ilegales, estos sean tanto retroactivos como posteriores a la declaratoria firme de ilegalidad y que las Administraciones Públicas tengan la potestad de recuperar el dinero, pues se trata de fondos públicos.
“Como lo hemos dicho en numerosos foros, el Gobierno de la República apoyará y emprenderá todas las acciones constitucionales y legales para compensar y recuperar los daños causados por aquellos funcionarios públicos que participaron en la huelga, cuyas instituciones recibieron declaratoria de ilegalidad”, acotó el ministro de la Presidencia.
Reafirmó que el Gobierno considera su responsabilidad y obligación respaldar y sustentarse en los principios constitucionales y legales para compensar y recuperar los daños causados por quienes no brindaron el servicio.
Correos de Costa Rica presentó este martes una acción de inconstitucionalidad argumentando que la aplicación del artículo 379 del Código de Trabajo en la declaratoria de ilegalidad no les permite proceder con los rebajos salariales de forma retroactiva.
“Esta acción se presenta como un acto de responsabilidad con los fondos públicos que maneja la empresa”, expresó el presidente de la Junta Directiva de Correos de Costa Rica, José Alexis Jiménez.
Específicamente, la acción se relaciona con la declaratoria de ilegalidad de la huelga en Correos de Costa Rica, emitida por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José (No. 1094-2018), el pasado 18 de octubre, sobre el proceso de calificación del movimiento huelguístico en la empresa.
La acción de inconstitucionalidad se presentó debido a que los señores jueces emiten una opinión en relación con el artículo 379 del Código de Trabajo, solo en la parte considerativa y no dispositiva de la sentencia. Por esta razón, se genera una incongruencia entre el proceso de calificación de la huelga, lo solicitado por las partes y el fallo dictado.
Con esta acción, Correos de Costa Rica desea que la Sala Constitucional interprete que cuando se trate de un “rebajo de salario” por participación en huelgas ilegales, estos sean tanto retroactivos como posteriores a la declaratoria firme de ilegalidad y que las Administraciones Públicas tengan la potestad de recuperar el dinero, pues se trata de fondos públicos.
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