LA VOZ DE GOICOECHEA.- Del veredicto de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) depende el comportamiento de una serie de variables económicas que determinarán si Costa Rica enfrenta su peor crisis económica en 35 años, o si logra devolver la confianza a inversionistas, organismos internacionales y a los hogares y empresas del país.
El 19 de octubre anterior, 14 diputados de 3 fracciones legislativas (Restauración Nacional, Integración Nacional y Frente Amplio) presentaron una consulta facultativa de constitucionalidad de la reforma fiscal ante la Sala IV, cinco días antes de que ese proyecto se pusieren discusión por el segundo debate.
Este trámite retrasará por un mes, la posibilidad de debatirlo y aprobarlo de manera definitiva; o bien, reiniciar la discusión sobre el proyecto.
Para Rafael González, experto en temas tributarios de la firma Grant Thornton, del paso del proyecto por el tamiz de la Sala Constitucional, se pueden esperar varios resultados:
Los magistrados podrían concluir que tanto en el proyecto como en su trámite no hubo vicios de constitucionalidad y que no afecta a ninguna institución en su organización. En este caso, el proyecto estaría listo para el segundo debate legislativo y se aprobaría con al menos 29 votos favorables (mayoría simple).
La segunda alternativa es que la Sala encuentre vicios de procedimiento. Eso significaría que habría que devolver el proyecto hasta al inicio, para que vuelva a ser tramitado.
Una tercera opción es que se determine que el proyecto sí afecta a algunas instituciones en su operación, como el Poder Judicial. Esto provocaría que se necesiten 38 votos favorables y se traería abajo el trámite, pues se usó la “vía rápida” (artículo 208 Bis del Reglamento legislativo), la cual no puede emplearse en proyectos que necesiten mayoría calificada. Este sería el escenario más pernicioso, pues llevaría a negociar toda la reforma prácticamente desde cero.
Un cuarto escenario que los magistrados determinen que algunas partes del proyecto tienen roces de constitucionalidad y recomiende retirar estos puntos, para continuar con el proceso ya iniciado.
La cuarta opción es la que analistas y autoridades de Gobierno esperan que finalmente suceda, de manera que no se pierda la mayor parte del trámite recorrido hasta la fecha.
En caso de que se elija esta alternativa, el proyecto tendría que regresar al plenario legislativo, que se convertiría en comisión con la responsabilidad de subsanar los cambios. En este caso, tendría que recibir un primer debate de nuevo.
Deuda por las nubes
Las cifras fiscales de este 2018 son las menos favorables de una década: los ingresos crecen a bajo ritmo y el déficit financiero para el cierre de este año sería el mayor de los últimos 35 años.
Según cifras del Ministerio de Hacienda a setiembre pasado, el déficit fiscal superó en el tercer trimestre los ¢1,5 billones (millones de millones), un monto que sobrepasa en más de ¢237.000 millones el déficit del 2017.
Para cubrir este “hueco” de diferencia entre los gastos que debe hacer el Gobierno y los ingresos que recibe, el Ministerio de Hacienda debe hacer uso del endeudamiento.
Según estimaciones del Banco Central de Costa Rica, el nivel de deuda con respecto a la producción del país llegaría este año a un 53,8%. Una cifra por encima del nivel “sano” alrededor del 50%.
La diferencia entre gastos e ingresos es provocada por la inflexibilidad en el gasto: las leyes del país contienen una gran cantidad de destinos específicos que no están vinculados a una fuente de financiamiento.
Así las cosas, si la reforma no es aprobada, el endeudamiento sería uno de los indicadores que seguiría deteriorándose aceleradamente. Con la trayectoria de crecimiento actual, en una década alcanzaría un nivel similar al 100% del PIB.
Intereses y tipo de cambio al alza
Recientemente la firma calificadora de riesgo Moody’s anunció que pondría en revisión las calificaciones de Costa Rica para una eventual rebaja.
Cuando una calificadora baja la nota de las emisiones de deuda que hace un país, significa que es más riesgoso para invertir. Esto a su vez provoca que el endeudamiento sea más caro, pues los inversionistas exigirán un premio mayor por prestar sus recursos.
Esto conduce a que el Gobierno recurra al mercado local para captar los recursos que necesita para operar. Cuando lo hace, comienza a presionar las tasas de interés al alza, para poder competir con las empresas y hogares del país, que también necesitan recursos.
La consecuencia de esto son tasas de interés más altas, que afectan a quienes tienen préstamos de largo plazo, tanto en colones como en dólares; es decir, se encarece la cuota de los créditos.
También aumenta la demanda por dólares y con ello el tipo de cambio, pues esta moneda es utilizada como un resguardo de valor.
Al depreciarse el colón, también están en riesgo las personas que tienen préstamos en moneda extranjera, aunque reciben sus ingresos en colones.
Según datos de la firma Moody’s con base en cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras, un 70% de los créditos en dólares están en manos de “no generadores” de la divisa.
Para González, este incremento en costos, pesará sobre la actividad económica y el empleo.
Las primeras señales ya están a la vista: de acuerdo con el Banco Central, el consumo y la inversión ya se han visto afectadas por la incertidumbre alrededor de la reforma fiscal y este año muestran crecimientos ralentizados.
Se consultó al Ministerio de Hacienda sobre las medidas que tomarían en caso de que la Sala IV rechace el proyecto, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sin embargo, la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, recientemente reconoció que el cierre o fusión de instituciones estatales forma parte de los planes que el gobierno está dispuesto a considerar para atender el problema del déficit fiscal en el país.
La medida forma parte de una de tres acciones que el Estado debe comenzar a aplicar y que incluyen también la creación de una Ley de Empleo Público y nuevas alternativas para atender la deuda interna y externa.
Una vez que pase la discusión en torno al plan fiscal el análisis debe basarse en trabajar en un reacomodo de instituciones para determinar cuáles se pueden fusionar.
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