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Foto: Daniela Abarca.
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LA VOZ DE GOICOECHEA.- Los diputados aprobaron hace poco minutos en primer debate el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como el plan fiscal.
La reforma -que se ha vuelto una prioridad para el gobierno debido al desequilibrio de las finanzas públicas que tiene el país, con un déficit fiscal del 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB)- contó con el apoyo de 35 diputados, de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el diputado independiente Erick Rodríguez.
Votaron en contra, las bancadas de Restauración Nacional (PRN), Frente Amplio (FA), Partido Integración Nacional (PIN), las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladeres, Dragos Dolanescu del PRSC y Shirley Díaz del PUSC.
El proyecto actualiza el impuesto de ventas para convertirlo en el Impuesto de Valor Agregado (IVA) con una tasa del 13%, y que gravará muchos servicios y bienes que hoy no pagan impuestos.
Además, se gravan los productos de la canasta básica en un 1%, también para quienes consuman más de 280 kilovatios por hora de electricidad (es decir, los que hoy pagan ¢42 mil por mes); así como para los que consuman más de 30 metros cúbicos de agua (que hoy pagan ¢18 mil por mes).
Pone impuesto del 2% a medicamentos con mecanismo de devolución. Eso sí, no grava la educación privada, aunque hay detalles de forma en el proyecto que hay que arreglar para que eso quede garantizado.
En el caso del impuesto de renta, se aplican varias reformas. Por ejemplo: las cooperativas pagarán) un 10% de renta por los dividendos que se reparten entre los miembros de la cooperativa (es decir, los propietarios) aplicando un 7% para el primer año de entrada en vigencia de la ley y luego aumentando un punto cada año hasta alcanzar el 10%. Hoy se encuentra en 5%, dicho sea de paso.
Los ahorros no se gravan ni los fondos de pensiones, pero sí las ganancias al capital que pagarán un 15%.
Los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito, estarán sujetos a una tarifa del quince por ciento (15%).
Los excedentes o utilidades pagados por asociaciones solidaristas a sus asociados estarán sujetos a la siguiente escala: 5% hasta por el equivalente a un salario base. Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base pagarán un 7%, sobre el exceso de dos salarios base se pagará el 10%.
Los salarios sobre el exceso de ¢1.199.000,00 pagarán el 10% de renta.
Sobre el exceso de ¢1.199.000,00 y hasta ¢2.103.000,00 mensuales, se pagará el 15%.
Sobre el exceso de ¢2.103.000,00 y hasta ¢4.205.000,00 mensuales, se pagará el 20%.
Sobre el exceso de ¢4.205.000,00 mensuales, se pagará el 25%.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
Tras el primer debate, ahora el texto del proyecto será enviado a consulta a estas instituciones: el Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, bancos del estado, la Aresep, municipalidades del país, instituciones autónomas, Tribunal Supremo de Elecciones, universidades del Estado y el Poder Judicial.
Estas tendrán un tiempo de 8 días para enviar una respuesta a la Asamblea.
El proyecto también podría ir un mes a consulta a la Sala IV, pero para eso se requieren 10 firmas de diputados.
En el caso de que esto ocurra, si el proyecto no presenta vicios de procedimiento, podría aprobarse en segundo debate en el mes de noviembre.
El paquete fiscal pretende recoger ¢425 mil millones anuales y bajar el déficit en un 1,4% del PIB.
La reforma -que se ha vuelto una prioridad para el gobierno debido al desequilibrio de las finanzas públicas que tiene el país, con un déficit fiscal del 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB)- contó con el apoyo de 35 diputados, de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el diputado independiente Erick Rodríguez.
Votaron en contra, las bancadas de Restauración Nacional (PRN), Frente Amplio (FA), Partido Integración Nacional (PIN), las liberacionistas Franggi Nicolás y Paola Valladeres, Dragos Dolanescu del PRSC y Shirley Díaz del PUSC.
El proyecto actualiza el impuesto de ventas para convertirlo en el Impuesto de Valor Agregado (IVA) con una tasa del 13%, y que gravará muchos servicios y bienes que hoy no pagan impuestos.
Además, se gravan los productos de la canasta básica en un 1%, también para quienes consuman más de 280 kilovatios por hora de electricidad (es decir, los que hoy pagan ¢42 mil por mes); así como para los que consuman más de 30 metros cúbicos de agua (que hoy pagan ¢18 mil por mes).
Pone impuesto del 2% a medicamentos con mecanismo de devolución. Eso sí, no grava la educación privada, aunque hay detalles de forma en el proyecto que hay que arreglar para que eso quede garantizado.
En el caso del impuesto de renta, se aplican varias reformas. Por ejemplo: las cooperativas pagarán) un 10% de renta por los dividendos que se reparten entre los miembros de la cooperativa (es decir, los propietarios) aplicando un 7% para el primer año de entrada en vigencia de la ley y luego aumentando un punto cada año hasta alcanzar el 10%. Hoy se encuentra en 5%, dicho sea de paso.
Los ahorros no se gravan ni los fondos de pensiones, pero sí las ganancias al capital que pagarán un 15%.
Los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito, estarán sujetos a una tarifa del quince por ciento (15%).
Los excedentes o utilidades pagados por asociaciones solidaristas a sus asociados estarán sujetos a la siguiente escala: 5% hasta por el equivalente a un salario base. Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base pagarán un 7%, sobre el exceso de dos salarios base se pagará el 10%.
Los salarios sobre el exceso de ¢1.199.000,00 pagarán el 10% de renta.
Sobre el exceso de ¢1.199.000,00 y hasta ¢2.103.000,00 mensuales, se pagará el 15%.
Sobre el exceso de ¢2.103.000,00 y hasta ¢4.205.000,00 mensuales, se pagará el 20%.
Sobre el exceso de ¢4.205.000,00 mensuales, se pagará el 25%.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
Tras el primer debate, ahora el texto del proyecto será enviado a consulta a estas instituciones: el Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, bancos del estado, la Aresep, municipalidades del país, instituciones autónomas, Tribunal Supremo de Elecciones, universidades del Estado y el Poder Judicial.
Estas tendrán un tiempo de 8 días para enviar una respuesta a la Asamblea.
El proyecto también podría ir un mes a consulta a la Sala IV, pero para eso se requieren 10 firmas de diputados.
En el caso de que esto ocurra, si el proyecto no presenta vicios de procedimiento, podría aprobarse en segundo debate en el mes de noviembre.
El paquete fiscal pretende recoger ¢425 mil millones anuales y bajar el déficit en un 1,4% del PIB.
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