LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Fiscalía General de la República confirmó que abrió una causa judicial contra la Presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricato.
El expediente se abre en la Fiscalía General al ser Arias un miembro de los Supremos Poderes de la República.
Además, el Ministerio Público también inició otro proceso en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra ignorado por los mismos delitos, y este tiene que ver con la gestión que hizo Arias en el Tribunal Contencioso Administrivo, la cual se realizó la madrugada de ayer que terminó con la resolución del juez Alcevtih Godínez quien “congeló” la sanción de dos meses de suspensión sin goce de salario impuesto por la Corte Plena el lunes pasado.
Mientras que hoy la misma gestión fue realizada por la magistrada María Elena Gómez, también en la madrugada, que fue vista por el mismo juez y obtuvo igual resultado favorable para la recurrente.
En estos momentos el Organismo de Investigación Judicial realiza un secuestro de documentos en la oficina del juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Alcevtih Godínez Prado, quien suspendió la sanción impuesta ante a las magistradas Doris Arias y María Elena Gómez.
La diligencia judicial se realiza en este momento en el edificio del Tribunal Contencioso, ubicado en Calle Blancos de Goicoechea.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta de Probidad “confirmó que abrió una causa penal por el presunto delito de prevaricato, para investigar la actuación y participación de las distintas personas funcionarias judiciales que tuvieron relación con el trámite judicial y la resolución de la medida cautelar solicitada por la magistrada Arias”.
“La Fiscalía ordenó a la policía judicial secuestrar elementos probatorios relevantes para la investigación, diligencia que está siendo ejecutada en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José. Es importante señalar que la diligencia que se realiza es secuestro de documentos y no allanamiento”, señala el comunicado.
Además indicaron que la investigación se realiza de momento contra persona ignorada.
“Por seguridad en la preservación de la prueba, la Fiscalía ha dispuesto que no se puede detallar sobre la evidencia localizada ni en aspectos adicionales del proceso penal”, indicaron.
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