“Lo que nos recomendaban hacer era pasarlo a los demás diputados y diputadas con las medidas correspondientes, que era el tema de confidencialidad. Es decir, debía entregarse en un sobre sellado a cada uno. Como ya no había diputados de ese periodo constitucional y ya se habían entregado todas las oficinas, se acordó que siguiendo el antecedente de lo que habíamos hecho con los otros informes, el tema fuese visto por los y las diputadas entrantes”, señaló Quesada quién fue parte del último Directorio Legislativo del periodo anterior.
Cabe recordar que la Procuraduría absolvió a Solís Rivera de cualquier culpa relacionada al cementazo, y por un conflicto de tiempos entre el Directorio anterior y el actual, el informe no pudo ser apelado, ya que solo había 3 días para presentar un recurso de apelación y este eventualmente se venció.
Según explicó Quesada, la responsabilidad de informar sobre el plazo de apelación del informe le correspondía al Director Ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, y que el análisis de este le tocaba a la nueva legislatura.
“La Dirección Ejecutiva es la responsable de informar a los plazos”, dijo Quesada.
Al final de la audiencia, Quesada aceptó que cuando el informe fue entregado al Directorio, no se percataron de que faltaban dos páginas.
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