LA VOZ DE GOICOECHEA.- Ley Magnitsky contra Francisco Lópoez, Francisco Díaz y Fidel Moreno. Prevén onda expansiva en negocios con Venezuela.
El Gobierno de Estados Unidos, a través del departamento del Tesoro, sancionó a tres miembros de la élite del gobierno de Daniel Ortega, una decisión que, según los expertos, tendrá consecuencias a nivel global.
Al comisionado general Francisco Díaz, director de facto de la Policía; Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua así como secretario general de la Alcaldía de Managua, y a Francisco López, tesorero del partido de gobierno, y también vicepresidente de Albanisa y presidente de la estatal Petronic, que es dueña del 49 por ciento de Albanisa, les fue aplicada la Ley Magnitsky, una decisión que fue respaldada públicamente por el vicepresidente Mike Pence.
En un comunicado emitido ayer por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera dijo que “la violencia causada por el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo de Nicaragua y los actos de aquellos cercanos a Ortega para enriquecerse ilegalmente son profundamente preocupantes y inaceptables”
“El presidente Ortega y su círculo cercano continúan violando las libertades básicas de civiles inocentes e ignorando las demandas de reformas democráticas, incluyendo elecciones libres y transparentes”
Para el jurista y exasesor de la Cámara de Representantes, Jason Poblete, las nuevas sanciones, a través de la Ley Global Magnitsky, tienen una onda que salpica a otros países y un mensaje para el régimen que no deja dudas: “Que la administración Trump va en serio, no está hablando mucho y está tomando acciones”.
Los tres funcionarios se suman a Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral, quien fue sancionado por Estados Unidos el 20 de diciembre pasado. Los señalamientos son corrupción y violaciones a derechos humanos.
Según expertos consultados, la Ley Magnitsky ofrece una ruta alternativa a la justicia en casos de impunidad, porque se trata de una muerte financiera para los sancionados.
“Como resultado de las acciones de hoy (jueves) quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicción de los EE.UU. Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por las personas designadas”, explicó en una declaración la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Según el comunicado del departamento del Tesoro, Díaz, el jefe de facto de la Policía Nacional y consuegro de Ortega “bajo su dirección la Policía Nacional ha realizado serios abusos contra los derechos humanos, incluyendo asesinatos extrajudiciales”. El comunicado recoge el incendio a la casa del barrio Carlos Marx a mediados de junio en el que murieron calcinados seis miembros de una familia y especifica que “enmascarados acompañados por lo que testigos identificaron como miembros de la Policía habrían causado el incendio”.
En cuanto a Fidel Moreno, dice que “ha actuado como líder de la Juventud Sandinista implicada en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionadas con las protestas contra el gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril. Moreno ha estado personalmente relacionado a ataques contra manifestantes al menos desde el 2013,” A través de la Juventud Sandinista, el comunicado también relaciona a Moreno con el ataque a la casa del barrio Carlos Marx.
Sobre Francisco López el comunicado dice que “cuando ha estado involucrado en proyectos de infraestructura, López habría canalizado fondos a través de pagos personales y ha colocado a individuos en el gobierno que le han ayudado a robar millones de dólares anualmente y ha utilizado su posición para su beneficio y el de su familia”
Impacto en Albanisa
Poblete opinó que las sanciones tienen un efecto importante, que no solamente toca al Gobierno de Nicaragua, también a Alba de Nicaragua, SA (Albanisa), que está siendo investigada en Estados Unidos, al tratarse de una subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Albanisa fue formada por PDVSA, que es dueña del 51 por ciento de las acciones de la compañía y por Petróleos de Nicaragua (Petronic), propietario del restante de acciones, señalada de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero y otros países, y que es administrada a nivel local por el financiero Francisco López, tesorero del partido de gobierno y presidente de Petronic.
Al mismo tiempo, López Centeno tiene un asiento en la Junta Directiva de la Disnorte-Dissur, la empresa distribuidora de energía.
El 13 de septiembre de 2017, el investigador Douglas Farah, en una cita en el Senado de Estados Unidos, mencionó a Albanisa como parte de una red de aliados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para ejecutar acciones de lavado de dinero.
“Creo que no hay sustento racional para la economía de Albanisa, como de Alba Petróleos. O sea, el dinero que ellos mueven no es de ninguna fuente racional económicamente verificable. Entonces, en esos casos lo más probable es que venga de otras fuentes”, dijo Farah a LA PRENSA en febrero pasado.
Tres países
Poblete insistió en las consecuencias de la medida del gobierno estadounidense. “Eso va a repercutir a través del Hemisferio, no solo en Managua, también en La Habana (Cuba) y en Caracas (Venezuela)”, añadió.
“Creo que cualquier persona que tenga contacto no solo con Francisco López Centeno (tesorero del FSLN) debe tener mucha cautela en cualquier transacción con Albanisa. Esto es una telaraña económica que no solo sale de Managua, sino que conecta con Venezuela, La Habana y quizás con Ecuador y Bolivia. Hay que tener mucho cuidado con personas que estén en estas listas, también con todas las personas que estén asociadas al régimen Ortega-Murillo”, advirtió el jurista Poblete.
Impacto es contundente
Una fuente del Gobierno de Estados Unidos comentó que las nuevas sanciones obedecen a una estrategia y están dirigidas al círculo más cercano de la pareja presidencial.
El fin sería dejarle claro al régimen la posición de Estados Unidos sobre los abusos cometidos contra derechos humanos y sobre el tema de la corrupción.
“Francisco López es la mano derecha de Daniel Ortega en la parte financiera; Francisco Díaz, pertenece al círculo familiar (de Ortega) y es el que ha estado ejecutando las acciones represivas en las que se cometen serias violaciones a los derechos humanos y Fidel Moreno es la mano derecha de Rosario Murillo”, indicó la fuente.
El Departamento de Estado señaló las responsabilidades de los sancionados para ser incluidos en la lista de la Ley Magnitsky.
Moreno desaparecido
La última vez que Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua y Secretario de la comuna capitalina, apareció en público fue el pasado 7 de junio para “supervisar” los avances del paso a desnivel en Las Piedrecitas, contrario al protagonismo que había tenido a lo largo de los años de Gobierno del orteguismo, en el cual ha fungido como operador político, pero además como una especie de secretario de la Presidencia que baja a los ministros las orientaciones de la vicepresidenta designada Rosario Murillo Zambrana.
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