LA VOZ DE GOICOECHEA.- La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), ente gremial que denunció a los magistrados de la Sala Tercera, presentó un recurso de reconsideración contra la decisión tomada el miércoles anterior durante una sesión privada y secreta de la Corte Plena.
Ese día, el miércoles 11 de julio, los magistrados impusieron una amonestación escrita contra los miembros de la Sala Tercera por desestimar una causa penal ligada a la trama del ‘cementazo’, sin tomar en cuenta un informe de llamadas elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Pese a que 12 de 22 magistrados votaron por suspender, sin goce salarial y por espacio de 2 meses a los funcionarios, no se alcanzó la mayoría calificada para dejar en firme esa sanción (se necesitaban 15 votos). Así las cosas, el asunto no pasó a más que una amonestación escrita.
ANIC, en un documento presentado durante la noche del sábado a la secretaría de la Corte Plena, manifestó que se violentaron reglas del debido proceso constitucional, como lo son: el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad entre acusación, prueba y sentencia, así como otras responsabilidades de carácter administrativo que “afectaron la imagen del Poder Judicial”.
“Estima esta representación que la falta incurrida por los integrantes de la Sala Tercera acusados, no es grave, es gravísima. Considerando su investidura y responsabilidad, por no haber considerado en su valoración de la desestimación de la causa penal, hoy investigada por el Ministerio Público, el informe del OIJ que incorpora una serie de análisis sobre llamadas telefónicas entre los hoy ex diputados investigados y el señor Juan Carlos Bolaños, cuya prueba que tenía una incidencia que genera ese calificativo, conforme lo razonó el Magistrado (Román) Solís, en su recomendación final dentro del procedimiento sub examine”, apuntó la organización gremial.
La amonestación escrita se planteó contra Carlos Chinchilla, actual presidente de la Corte y sus compañeros Doris Arias, Jesús Ramírez, María Elena Cortés y Celso Gamboa (destituido en abril por su vínculo amistoso con el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas).
Anular fallo
Con la petición, ANIC procura que se declare con lugar la nulidad del fallo por infracciones al proceso constitucional, la legalidad y publicidad del procedimiento, así como la correlación entre acusación, prueba y fallo.
“Que sea sometido nuevamente a valoración de fondo por parte de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, las recomendaciones vertidas por el Magistrado Solís Zelaya y se adopte un fallo congruente con la falta atribuida“, solicitó la asociación, cuya petición este medio posee una copia.
El expediente desestimado se seguía contra los exlegisladores Víctor Morales Zapata, exdiputado independiente, Otto Guevara Guth, del Movimiento Liberario (ML) a quienes investigaban por el presunto delito de tráfico de influencias en favor de Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
En esa investigación también figuraba Walter Céspedes, exdiputado y exasesor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Tras una desestimación firmada en enero de 2017 por Berenice Smith, exfiscala general subrogante, la Fiscalía General ordenó reabrir la causa en octubre de ese año debido a la presión mediática y popular en torno al ‘cementazo’.
El tema de los estudios sobre intercambios de llamadas no es poca cosa. El 11 de octubre del año pasado pasado, CRHoy.com dio a conocer que el análisis criminal de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, tomado por los magistrados simplemente como un indicio, identificó un flujo de 1.083 llamadas telefónicas entre el importador del cemento chino y los exdiputados.
Por estas polémicas desestimaciones, los magistrados también enfrentan un proceso penal en la Fiscalía General.
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