LA VOZ DE GOICOECHEA.- Los sindicatos están descontentos por la firma del decreto que fija el aumento salarial del sector público cada seis meses, incluso, señalaron que el Gobierno repudia las negociaciones salariales con los gremios.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, explicó que, para los próximos 12 meses, en lugar de tener la clase trabajadora un aumento salarial como un porcentaje del salario, se decreta un aumento general fijo de ¢3.750 por semestre sobre la base.
“El gobierno lo que hizo fue sepultar de facto lo que se llamaba la comisión negociadora de salarios del sector público. Con ese decreto repudia la discusión salarial entre los sindicatos del sector público y el gobierno y coloca una especie de congelamiento salarial”, expresó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Además, Vargas fue claro en decir que la acción de Alvarado es provocadora y confrontativa porque desconoce la institucionalidad jurídica de los sindicatos, los cuales, tienen derecho a plantear reivindicaciones económicas y sociales.
El líder sindical explicó que, para eliminar la comisión, debe ser por medio de otro decreto, sin embargo, asegura que el mandatario prefiere el autoritarismo.
“Ellos (gobierno) en materia fiscal y de empleo público, se decidieron por le autoritarismo y verticalismo, no por la institucionalidad del diálogo social, eso es lo peligroso”, añadió Vargas.
En la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) no dudaron en decir que las medidas van sin duda en detrimento de los salarios de la clase trabajadora.
Lenin Hernández, presidente de la agrupación, dijo estar preocupado por las medidas impositivas tributarias que quieren aplicar en el Ejecutivo y el Legislativo.
“No están midiendo la razonabilidad y proporcionalidad del ingreso de los colaboradores por medio de su salario. De una u otra forma, lo que se va a dar es una pérdida de poder adquisitivo de los salarios por medio de impuestos y un congelamiento”, aseveró Hernández.
Consultado sobre si continúan golpeando al funcionario público, el líder sindical dijo que próximamente será el sector privado, al contar con parámetros salariales similares.
CUESTIÓN POLÍTICA
Roblin Apú, secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), dijo que esta administración no quiere resolver el problema fiscal por cuestión política, al considerar que la solución viable es poner a pagar a los ricos del país, como debe ser.
“Ese 0,14% de estas medidas que esté tomando el gobierno, la única medida que tienen es empobrecer aún más a la clase trabajadora, quitar poder adquisitivo a la clase trabajadora”, dijo.
Los tres sindicalistas manifestaron estar en unión sindical analizando las medidas a tomar en los próximos días, tomando en consideración que no los quieren escuchar en una mesa de diálogo para tratar de establecer medidas conjuntas de solución.
La acción que pareciera ser casi un hecho, es una nueva huelga nacional, sin embargo, es algo que estarán informando más adelante.
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