Alcaldesa municipal podría ser acusada de incumplimiento de deberes

La alcaldesa no tiene como prioridad la implementación de herramientas que den mayor transparencia en los procesos de contratación y a los procedimientos adjudicatarios de los carteles de licitación ni eliminar el clientelismo político. Nelson Salazar Aguero, Regidor Municipal

Mer-link es una plataforma tecnológica que permite a las proveedurías del Estado realizar las operaciones de compra y venta de productos y servicios en forma electrónica, elimina la utilización del papel, ahorra los costos de los bienes y servicios en al menos un 20%, reduce el tiempo del trámite para el Estado y el sector privado y hay mayor transparencia en los procesos de contratación.  

En nuestra municipalidad de Goicoechea desde el 4 de julio de 2016 el síndico suplente del distrito de Guadalupe, Carlos Alfaro Marín, mocionó ante el Concejo Municipal para que este autorizara a la Administración implementar la referida plataforma tecnológica. 

El 18 de octubre del mismo año la Comisión de Gobierno y Administración en el dictamen N°97-2016 dictamina que se instruya a la Administración aplicar la plataforma Mer-link, e informe al Concejo Municipal el avance en 30 días calendario. 

Este 18 de mayo del año en curso, en oficio RN-149-18 solicito a la alcaldesa municipal Ana Lucia Madrigal Faerron, me informe si en sus archivos cuentan con información adicional proporcionada a raíz otras consultas y también a la que ya se tiene en el expediente sobre esta plataforma.

La solicitud fue ignorada y en su lugar me envía copia de un documento aportado por este servidor adjuntado en el mismo oficio donde solicito me amplíen la información. 

Hoy han transcurrido más de 19 meses desde su aprobación del dictamen N°97-2016 y la Administración sigue sin implementar la plataforma y menos dar a conocer el informe del avance de su ejecución como dicta el acuerdo Municipal. 

Pareciera que la alcaldesa no tiene como prioridad para la implementación de herramientas donde se elimina los altos costos de usar el papel, ahorra los costos de los bienes y servicios, reduce el tiempo del trámite para las compras y mayor transparencia en los procesos de contratación y a los procedimientos adjudicatarios de los carteles de licitación y elimina el clientelismo político.

Todo indica que la fiesta seguirá y la burla para el erario continuará en ascenso, lo que constituye una afrenta al principio de seguridad jurídica, a la credibilidad ciudadana y a la responsabilidad administrativa. Sería un monumento a la holgazanería de su parte y a la ineficiencia de la administración, cuyo objetivo y finalidad debe ser la satisfacción de los intereses públicos.  

Ante esta situación estamos en un total incumplimiento de deberes como muchos otros, castigados por el ordenamiento jurídico, propiamente en el Artículo 332 del código penal “será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función.  

Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando esté obligado a hacerlo”. 

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