‘Industria del cobro' a presión martiriza a deudores ticos

LA VOZ DE GOICOECHEA.-    Abogados y consultores persiguen a afectados por encargo de prestamistas, bancos o almacenes, a veces, con información incorrecta.

A octubre del 2017, el saldo de deudas con tarjetas de crédito llegó a ¢1.196.995 millones, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

El miércoles de esta semana, una asesora del bufete de abogados CyM (Cobros y Más) decidió enviarle un correo electrónico al jefe de una persona que tiene una deuda con la casa de préstamos Beto, antes conocida como Beto Te Presta.

Aunque el receptor del mensaje no era el deudor, la asesora del bufete se atrevió a enviarle varios correos en los que le pedía, insistentemente, trasladarle a la subalterna una carta en la que se le amenazaba con un supuesto embargo de salario.

"Confirmado el embargo salarial a su nombre, recibido y ejecutado hacemos de su conocimiento que como parte del proceso judicial que se lleva a su nombre por parte de la entidad Beto, misma que se va a proceder a notificársele a su lugar de trabajo. Una vez adquirida una sentencia en firme en dicho proceso, se solicitaran liquidaciones de intereses y por ende ampliaciones de embargos salariales (sic)", decía la misiva delbufete de abogados CyM.

La carta incluía una serie de advertencias, algunas de las cuales no tenían relación con el caso. Por ejemplo, citaba el artículo 192 inciso 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que considera una "falta grave ser un deudor principal y tener un proceso abierto en los juzgados de cobro", aunque la persona en cuestión no trabaja en ese entidad.

Además, le hablaban de un embargo ya ejecutado al tiempo en que se contradecían y le adelantaban que el mismo estaba próximo a ser realizarse. 

"Las entidades financieras, abogados, gestores o agencias de cobranza, para llevar adelante las gestiones de cobro, deberán hacerlo directamente con el deudor y sus fiadores. No se podrá realizar dicha gestión con personas distintas a las ya indicadas. Tampoco se podrán utilizar prácticas de acoso y hostigamiento para el cobro de las acreencias", Reglamento de Tarjetas de Crédito, N°35867-MEIC.

La gerente general y abogada del bufete CyM, Ana Cecilia Tinoco Rivas, reconoció a La Nación que su firma es un intermediario entre acreedores y deudores. No obstante, rechazó que entre sus métodos de cobro estuviera el dar aviso al jefe del deudor.

Según ella, este caso fue un "hecho aislado" y no forma parte de sus "prácticas cotidianas".

"Si bien Beto establece algunos lineamientos de cobro, los cuales mi representada procura acatar, hay algunos casos excepcionales que lamentablemente se salen de control y el personal de la compañía se aleja de dichas disposiciones (...) Somos conscientes y asumimos responsabilidad por este hecho el cual se aleja de las políticas de cobro y lineamientos que han sido definidos por Beto", dijo Tinoco.

A pesar de sus afirmaciones, este medio pudo comprobar con testimonios, sentencias de la Sala IV y especialistas que, tanto el bufete de abogados CyM como otras agencias de cobranza, usan ese y otros mecanismos de asedio que se convierten en un martirio para quienes tengan una obligación pendiente e incluso para algunos que no la tienen.

Los clientes de estas firmas son bancos, prestamistas, empresas emisoras de tarjetas de crédito o almacenes de electrodomésticos.

Este cerco a los deudores ocurre a pesar de que hay disposiciones legales que lo prohíben. Una de estas es el artículo 35 del Reglamento de Tarjetas de Crédito, N°35867-MEIC, impide a estas empresas cobrar una deuda a una persona ajena al deudor o fiador y las prácticas de hostigamiento

"Sobre las prácticas abusivas en las cobranzas: Las entidades financieras, abogados, gestores o agencias de cobranza, para llevar adelante las gestiones de cobro, deberán hacerlo directamente con el deudor y sus fiadores. No se podrá realizar dicha gestión con personas distintas a las ya indicadas. Tampoco se podrán utilizar prácticas de acoso y hostigamiento para el cobro de las acreencias", señala.

La cobranza se vuelve una actividad importante dados los niveles de deuda de los costarricenses. 

En el 2016, en promedio, cada hogar costarricense tenía deudas de consumo por ¢3,9 millones. Estas incluyen préstamos para viajes, vehículos, electrodomésticos, préstamos personales para cubrir gastos de salud o educación.

Para octubre del 2017, el saldo de deudas con tarjetas de crédito llegó a ¢1.196.995 millones, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La casa de préstamos Beto, por medio de su departamento de prensa, dijo que desde hace varios años la compañía contrata agencias externas para cobrar carteras con "atrasos severos" y que esto es "práctica común en la industria financiera".

"Definimos lineamientos generales que deben ser acatados por las agencias. Si identificamos un caso en el que la agencia se aparta de estos lineamientos, tomamos las medidas correctivas pertinentes. Por ejemplo: estas empresas no están autorizadas a compartir información del deudor con ningún tercero", explicó Beto.

Martirio

"La agente que me llamaba me amenazaba porque quedé debiendo $4, me decía que me podía mandar a cobro judicial. Finalmente, me vi obligado a movilizarme a un Servimás para hacer el pago de los $4 (de $50 que eran en total) para que el acoso se detuviera

"Incluso llamaron a mi mamá y la pusieron nerviosa porque le dijeron que estaba metido en un problema legal, ya que accedieron al número de la casa de ella, todo por $50 dólares", contó Pablo Castro, una víctima de acoso.

Esta fue solo uno de decenas de casos de persecución por parte de empresas cobradoras que llegaron a este medio ante una consulta realizada en redes sociales. Las llamadas a familiares, a los jefes, amenazas de embargo de salario y propiedades que nunca se hacen efectivos, así como cobros a personas que ya pagaron la deuda, son solo algunas de las experiencias relatadas.

"En abril, mi esposo y yo nos fuimos de viaje, lógicamente mi celular no estaba disponible ni tampoco el de él; entonces como no contestábamos, llamaron a la hermana de mi esposo. A ella le dijeron que yo debía llamar en menos de 24 horas o me iban a embargar mis propiedades, que ya habían investigado todo lo que yo tenía y que me lo iban a quitar.

"A mí, (El agente del bufete de abogados) me dijo cosas como que qué hacía yo de viaje si debía estar trabajando, y que yo debía contestar mi celular si no quería que llamaran a mi familia", relató Ginette Rojas Arias, quien afirma no saber por qué le estan cobrando una deuda con una empresa de venta de electrodomésticos.

Los reclamos por la persecución constante de estas firmas recuperadoras de deudas han llegado hasta la Sala Constitucional. Según el Centro de Jurisprudencia de esa instancia judicial, en los últimos años se han emitido al menos cinco fallos favorables al deudor o personas que no son deudoras, pero igualmente son acosadas.

"De la prueba aportada se tiene debidamente acreditado que la recurrente fue objeto de llamadas así como mensajes de texto por parte de la recurrida para el cobro de una deuda ajena. Ello evidentemente lesionó su derecho a la intimidad. (Se) irrumpió injustificadamente en su ámbito de privacidad ya que sin ninguna autorización de la amparada procedió a efectuar llamadas y enviar mensajes de texto por el cobro de una deuda de la que no es ni codeudora ni fiadora", se lee en la resolución de la Sala N° 2017 004023.

¿Qué hacer?

Para Luis Pereira, abogado dedicado a asesorar a deudores, en el país existen unas cinco agencias grandes de cobranza; ninguna tiene supervisión, explicó.

La mayoría de los que trabajan en estas empresas son oficinistas, no abogados, los cuales reciben un entrenamiento y frases a seguir para gestionar el cobro. 

Por ejemplo, en bufete de abogados CyM (Cobros y Más) trabajan unos 60 asesores, según informó Ana Cecilia Tinoco Rivas.

De acuerdo con Pereira, la información que el deudor le da a la empresa con la que hizo el contrato es privada y no se puede dar a un tercero sin su consentimiento.

"He tenido casos de que al jefe le envían cinco faxes diarios por una semana, llega el cobrador a la oficina del deudor y le dice 'de aquí no me voy hasta que pague'. El acoso pretende generar molestia en el deudor para que salga corriendo a ver cómo pagar. La mortificación con las llamadas es más efectiva para cobrar la deuda que el mismo cobro judicial, ya que en este proceso tiene que intervenir un abogado y hay que esperar el tiempo que los juzgados tarden en resolver. El juez solo puede embargar un salario o un bien luego de un proceso, no es de la noche a la mañana que se embarga un salario", explicó Pereira.

Los asesores, advierte el especialista, pueden incurrir en mentiras para presionar como decir que van a embargar la totalidad del salario, ya que solo se puede embargar una porción. Además, amenazan al deudor con que lo van a despedir del trabajo si el jefe se da cuenta de la deuda o embargo.

"Con la reforma laboral de hace un año, no se le puede despedir a una persona por deudas, eso es discriminación", enfatizó. 

Ese tipo de llamadas incluso se pueden denunciar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya que el artículo 392 del Código Penal, inciso 9, impone de cinco a treinta días multa a quien realice llamadas mortificantes por teléfono u otro medio análogo.

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), adscrita al Ministerio de Justicia, también defiende a los ciudadanos cuando una información privada que se da a una empresa se publica a terceros.

Según la Prodhab, una empresa que recopile datos y los difunda sin consentimiento del titular se expone a una multa de entre 5 a 30 salarios base del cargo auxiliar 1( de ¢2,1 millones a ¢12,9 millones).

"Algunos ejemplos de mala utilización de datos personales sería llamar a un tercero para indicarle aspectos o cobrarle un crédito del cual no es parte (no es deudor, codeudor ni fiador) u ofrecer servicios a una persona sin haberle solicitado previa autorización para ello", explicó Ana Cortés, directora de Prodhab.

El año pasado Prodhab recibió cerca de 114 denuncias y en lo que va del 2018, 59 denuncias. En su mayoría se relacionan con ciudadanos que solicitan apoyo para que bases de datos se actualicen o supriman sus datos o denunciando a entidades por tratar de recopilar sus datos personales sin previo consentimiento dando un mal uso de datos personales

FUENTE LA NACION