LA VOZ DE GOICOECHEA.- Los más de 6.000 menores que iniciarán clases este 8 de febrero en nueve de los principales colegios y escuelas capitalinos se exponen a un "alto riesgo" por las malas condiciones de los edificios.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) no puede darles mantenimiento a los inmuebles porque están a nombre de la Junta de Educación de San José, que, a su vez, no los puede traspasar porque fueron embargados por el municipio josefino.
La razón del embargo es una deuda de ¢1.080 millones por impuestos territoriales y servicios, acumulada a lo largo de muchos años.
Los centros educativos que están afectados por la medida son la Escuela Mauro Fernández, Escuela República de Chile, Escuela Marcelino García Flamenco, Escuela República de Argentina, Escuela Juan Rafael Mora, Colegio Fidel Tristán, Escuela Naciones Unidas, Unidad Pedagógica Barrio México y la propiedad de la escuela y guardería La Casa del Niño.
En la misma situación están las oficinas del MEP ubicadas contiguo a la Escuela Ricardo Jiménez, y la propiedad que ocupa la misma Junta de Educación de San José.
Este es el resumen de una cadena de absurdos que podría afectar a los niños, como advirtió la Defensoría de los Habitantes, institución que intervino alertada por una madre que exigía condiciones para que su hijo con una discapacidad pudiera asistir.
"El MEP no está cumpliendo con el deber de diligencia excepcional orientada a la satisfacción del principio del interés del niño, en el caso particular de las niñas y niños de las escuelas acá señaladas, derivada de las condiciones inadecuadas e inseguras en que se desarrolla actualmente el proceso educativo.
"La responsabilidad ministerial por esta omisión es clara, existiendo un alto riesgo de sufrirse una afectación mayor, no deseada, por el propio proceso de deterioro del inmueble como también por la presencia de un evento natural que impacte la infraestructura”, advirtió la Defensoría en un informe del caso.
La situación se remonta a la fundación de la Junta de Educación, hace más de 100 años, cuando inscribía las escuelas a su nombre, junto con oficinas del MEP y otros terrenos ubicados en el cantón.
“Nosotros no tenemos un cinco, no estamos para pagar esa deuda, imposible”, Francisco Corrales, presidente de la Junta de Educación de San José,
La Junta, integrada por cinco miembros de la comunidad nombrados por el Concejo Municipal de San José, daba mantenimiento a los centros con dinero del MEP.
En marzo de 2003, mediante Decreto Ejecutivo 38249-MEP,se le ordenó a esa y todas las juntas pasar las propiedades al MEP, trámite que debían realizar en el plazo de un año. La orden, sin embargo, no se ha cumplido.
Igual que las escuelas, quedaron otros terrenos que la Junta donó a otras instituciones, pero nunca traspasó registralmente.
Por ejemplo, la mayor parte de la deuda que tiene la Junta es por un terreno que hace años donó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en el cual se levantó la urbanización Corazón de Jesús, en las cercanías del antiguo edificio del Consejo Nacional de Producción (CNP).
Ahí viven unas 40 familias, sin que ninguna tenga títulos de propiedad ni pago de impuestos municipales.
¿Qué ocurrió después?
Como explicó Francisco Corrales, presidente de la Junta de Educación de San José, en el 2007 recibieron la instrucción de que cada escuela tuviera su propia junta.
En cumplimiento, se conformaron las juntas en cada escuela y colegio sin que se ejecutaran los traspasos de los terrenos al MEP.
Así transcurrió el tiempo hasta que en el 2011 la Municipalidad de San José solicitó el embargo de los bienes de la Junta de Educación por la deuda que mantenían correspondiente a impuestos y servicios.
“La Municipalidad de San José procedió a embargar una serie de propiedades de la Junta de Educación (en las que se incluyen los centros educativos) por la falta de pago de los servicios municipales por parte de sujetos de derecho privado (los pobladores de la comunidad del barrio Corazón de Jesús)”, explicó el departamento de Prensa del Ministerio.
Según Corrales, al momento de que los directores de los centros solicitaban a la Dirección de Infraestructura del MEP la reparación de los centros, estas no se podían realizar porque, jurídicamente, el Ministerio no está facultado para invertir fondos públicos en bienes embargados.
Por ejemplo, Mauren Rojas, directora de la escuela Juan Rafael Mora, una de las afectadas, lleva cuatro años solicitando al Ministerio que se repare el sistema eléctrico del centro educativo que ya "colapsó".
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Condiciones de la Escuela Juan Mora.
El presidente de la Junta explicó que, en el 2015 se acordó que la Junta de Educación de San José debía traspasar los terrenos a nombre del MEP, pero antes de hacer el traspaso se debía pagar la deuda que tenía la Junta de Educación.
¿Quién pagará la deuda?
"Nosotros no tenemos un cinco, no estamos para pagar esa deuda, imposible", dijo Francisco Corrales.
Por su parte el Ministerio de Educación evalúa posibilidades como una transferencia o el traspaso de inmuebles.
"Sin embargo, se encontró con la imposibilidad legal de efectuar un pago con fondos públicos de una factura (por la utilización de servicios municipales) de un tercero.” explicó el Ministerio.
Ante estas posibilidades, Robert Arias, abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José , aclaró que a ellos no les interesa embargar las escuelas.
"El negocio de la 'muni' no es embargar. La 'muni' lo que quiere es que devuelvan dinero que la Junta debe. Nos acercamos al MEP y le dimos la opción de pagos de polaco, pero nos dijeron ‘no’, porque no es una deuda. En el Registro no pasa la escritura porque estan embargados", explicó.
El Ministerio alega que la única forma de pagar es que exista una orden judicial o que administrativamente se demuestre que ese gasto está en estrecha relación con la actividad ministerial y que la Administración lo consintió de previo.
Llamado
La Defensoría de los Habitantes, que ha estado pendiente del caso, constató que hay escuelas dentro de este proceso de embargo, que tienen daños estructurales que ponen en riesgo a la vida de las personas menores de edad.
Por eso, en un informe del caso del 19 de diciembre del 2017, hizo un llamado vehemente para que el MEP y la Municipalidad de San José logren un acuerdo, que concilien y prioricen el interés superior de las personas menores de edad, su derecho a la educación y la plena accesibilidad de las personas menores de edad con discapacidad.
"La responsabilidad mayor de la situación pesa sobre el MEP teniendo en cuenta que el servicio educativo en esas comunidades se está prestando en inmuebles que no garantizan plenamente la accesibilidad y seguridad de los estudiantes y el personal. En razón de lo cual, es esta instancia ministerial la que debe interesarse con mayor ahínco en la pronta solución del problema o en la reubicación de los centros educativos" dijo la Defensoría en su informe.
Por eso, recomendó a ambas instancias realizar una propuesta conciliatoria en un plazo de tres meses, con el fin de finiquitar los procesos judiciales para inscribir las propiedades y poder invertir en la infraestructura educativa y considerar a la Defensoría de los Habitantes como ente neutral para los procesos de negociación.
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