LA VOZ DE GOICOECHEA.- Así lo determinó un informe de la Contraloría General de la República dirigido al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El oficio DFOE-EC-0862 del 14 de diciembre de 2017 pide a la entidad remediar la situación.
De acuerdo con el órgano contralor, unos ¢3.854 millones se destinaron a bonos colectivos. El monto coincide con la transferencia del Ministerio de Hacienda proveniente del impuesto a las casas de lujo en 2016.
Los bonos colectivos tienen como fin mejorar los espacios recreativos en las comunidades.
Se mencionan, entre otros, la siembra de árboles, espacios peatonales como senderos, mobiliario urbano como bancas, iluminación y estacionamientos para bicicletas.
En este rubro también se incluyen gimnasios, canchas deportivas, instalaciones para juegos infantiles como columpios y toboganes.
DESTINO ESPECÍFICO
Por ley se supone que esa plata se debía usar en programas para la erradicación de tugurios; es decir, en solucionar las necesidades de vivienda de las personas con menos recursos económicos.
Sin embargo el Banhvi la habría usado en bonos colectivos, que no tienen nada que ver con la construcción de viviendas.
Del informe de la Contraloría se desprende que “se evidencia que efectivamente se han destinado recursos provenientes del impuesto solidario para la atención del bono colectivo”.
Agrega que “ejecutar una ley no es dictar otra ley, sino desarrollarla sin alterar su espíritu”.
El Banhvi apeló esta resolución de la Contraloría y pidió una reconsideración.
Esto porque el órgano contralor determinó que “El Banhvi, amparado al Decreto DE-335515-H, ha utilizado parte de los recursos recaudados por medio de la Ley 8683 a programas de bono colectivo, modificando de esta manera lo originalmente establecido por la norma”.
En mayo de 2015 el Ministerio de Vivienda lanzó un concurso para que las comunidades propusieran proyectos a ser financiados con bonos colectivos. En su momento el jerarca de la cartera, Rosendo Pujol, dijo tener presupuesto propio para ello.
Pujol es el mismo que indicó este miércoles no tener el dato de cuántas personas dejaron de vivir en tugurios y que en el Plan Nacional de Desarrollo no existen metas específicas para su erradicación.
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