Gobierno emitirá licencias de arrastre, sin los estudios ordenados por la Sala IV

INCOPESCA PLANEA PASAR ACUERDO DE JUNTA PARA EMITIR NUEVAS LICENCIAS DE ARRASTRE EN EL 2013 LA SALA CONSTITUCIONAL PROHIBIÓ RENOVAR O EMITIR LICENCIAS NUEVAS PARA PESCA SEMI-INDUSTRIAL DE CAMARÓN

LA VOZ DE GOICOECHEA.- El Gobierno de Luis Guillermo Solís tomó un nuevo paso para defender su insistencia en reactivar la pesca de arrastre en el país, a pesar de la prohibición de la Sala Constitucional en el 2013. Esta tarde los jerarcas del área intentaron justificar el reciente acuerdo para emitir nuevas licencias para embarcaciones semi-industriales.

El viernes 10 de noviembre, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tomó un acuerdo, para permitir nuevas licencias de esa pesca de arrastre.

Sin embargo el presidente del Incopesca, Gustavo Meneses, admitió que no se han realizado todos los estudios ordenados por la Sala Constitucional en el 2013, cuando prohibió emitir más licencias para esta dañina técnica.

Consultado sobre los estudios técnicos para demostrar la sostenibilidad de la técnica, como lo pidieron los magistrados hace 4 años, Meneses solo se refirió a investigaciones hechas dentro del proyecto de Gestión Sostenible de la Captura Incidental en la Pesca de Arrastre en América Latina y el Caribe (REBYC II-LAC por sus siglas en inglés), que se realiza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estos se dedicaron a cuantificar el impacto de la pesca incidental, que significa todos los animales capturados que no son el objetivo. El arrastre es una de las técnicas menos selectivas. Dichos estudios se refirieron a cómo mejoran la situación los dispositivos de exclusión de peces y de tortugas.

“Se lograron determinar los porcentajes de fauna de acompañamiento que responden a los estándares”, mencionó Meneses. Sobre otros impactos de la pesca de arrastre en los fondos marinos, el Presidente del Incopesca aceptó que no existen estudios y solo se refirió a los mapas de zonificación, que limita las áreas donde pueden pescar las embarcaciones semi-industriales.

“Los estudios para cuidar el impacto sobre los arrecifes y sobre los pastos marinos y los suelos marinos más sensibles a la afectación por la pesca de arrastre tienden a ser satisfechos por la zonificación“, aseguró esta tarde luego del Consejo de Gobierno de cada martes.

UCR se opone, pero Gobierno no lo entiende

En el último año, las autoridades han capturado 3 barcos camaroneros, que pescaban en áreas marinas protegidas.

El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR) participó en la llamada “mesa de diálogo”, que el Gobierno formó para tratar el tema e intentar consensuar un proyecto de ley para reinstaurar el arrastre.

Luego de conocerse el acuerdo de Junta, el Cimar reiteró que no está a favor de la técnica. “La información científico-técnica publicada hasta la fecha sobre la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica no evidencia la sostenibilidad de dicha pesquería. Bajo ninguna circunstancia el Cimar estaría de acuerdo con la apertura de la pesca de arrastre si no se cumple cabalmente con lo estipulado en el fallo de la Sala Constitucional”.

Meneses justificó que durante un año la academia participó en el proceso, así como el Ministerio de Ambiente y el Sistema de Áreas de Conservación, del cual resultaron los mapas de zonficación. Por eso ahora le extraña que el Centro se oponga.

Incopesca consideró que “el criterio del Departamento de investigación y Desarrollo tenía suficiente sustento” para cumplir a la Sala.

“Se evidencia que queda libre de impactos estos suelos sensibles (…) quedan establecidos las áreas donde se tiene que invertir en áreas de investigación. Algunas de estas áreas donde tiene que haber investigación se ha excluido la pesca semi-industrial y en otras condicionada para que cuando haya investigación”, no se pesque, explicó el jerarca.

Aún así dijo que la entidad sigue investigando con otro proyecto internacional. También tomarán medidas cada 2 años. En cuanto a la obligación de la Sala de tener que pasar una reforma legal, antes de aprobar licencias, Meneses dijo que no están renovando, sino emitiendo nuevos permisos.

“Nos permitieron tener la certeza posteriormente de parte del Instituto para establecer estas nuevas licencias”, aseguró Meneses sobre la situación jurídica. Fundación MarViva ya anunció que denunciará el acuerdo, que podría quedar en firme.

Este martes, el Gobierno de nuevo aseguró que se respeta el fallo de la Sala Constitucional, logrando el alejamiento de la flota semi-industrial; evitando conflicto entre pesquerías con la artesanal; y garantizando zonas de protección. Incluso dijo que “van más allá”, en mejora de impactos ambientales.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, pidió que se proteja a las personas que dependen de la pesca de arrastre. Meneses habló de 3.750 personas que dependen de esta actividad productiva.

En el 2015 la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), en un estudio socioeconómico del sector de pesca de arrastre en el Pacífico Central, concluyó que la actividad solo genera 590 empleos directos, de los cuales más del 80% son de mala calidad.