Frente Amplio enviará a consulta a Sala IV recién aprobada Ley de Aguas

Alega que se violentó espíritu de la iniciativa popular al modificar proyecto

LA VOZ DE GOICOECHEA.-     Los diputados del Frente Amplio lograron superar la cantidad mínima de firmas requerida para enviar a consulta a la Sala IV el proyecto de la Ley de Aguas. 

La fracción del Partido Frente Amplio (FA) enviará a consulta de constitucionalidad a la Sala IV la recién aprobada Ley de Aguas.

El argumento de ese partido es que el Congreso incurrió en vicios de procedimiento al tramitar el proyecto de ley.

El jefe de bancada del FA, Francisco Camacho, dijo que tienen 11 firmas de diputados seguras para enviar el proyecto a consulta. Lo requerido por el Reglamento Legislativo son al menos 10 rúbricas.

Camacho afirmó que los vicios sustanciales de procedimiento devienen de la decisión de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario, con la venia del Gobierno, de aprobar un texto sustitutivo al proyecto de ley que fue presentado en el 2010 por la vía de la iniciativa popular mediante el respaldo de 150.000 firmas de ciudadanos en favor de la iniciativa de protección al ambiente.

"Le pasaron por encima a esas 150.000 firmas al caerle con un texto sustitutivo al proyecto cuando la Sala IV había dicho (en el 2014, tras un fallido primer debate) que al proyecto solo había que cambiarle tres artículos", argumentó Camacho.

El legislador agregó que a su partido le parece que la decisión de modificar integralmente el proyecto debilita la Ley de Iniciativa Popular, que le abre la puerta a la ciudadanía de presentar proyectos de ley para que un diputado los retome y los presente a la corriente legislativa, donde, al cabo de 2 años, se deben votar en el plenario.

Francisco Camacho, del Frente Amplio, cuestionó el trámite del proyecto.

"Nos parece que es una situación que pone en peligro el Estado democrático costarricense y desincentiva a la ciudadanía costarricense para presentar iniciativas populares porque el esfuerzo que se hace en la calle recogiendo 150.000 firmas es muy grande y se debió de haber discutido hasta su votación final en segundo debate el texto presentado por esa vía", agregó.

Otro criterio

Empero, el diputado Juan Marín, liberacionista que presentó el nuevo texto del proyecto de ley aprobado en primer debate el jueves pasado al filo de la medianoche, rechazó los argumentos del frenteamplista.

Según Marín, hay múltiple jurisprudencia en la que la Sala Constitucional avala las modificaciones a los proyectos nacidos en la iniciativa popular y citó dos fallos de ese alto tribunal en el que indica que ese tipo de iniciativas pueden modificarse sustancialmente o complementarse a través de las mociones de los diputados siempre y cuando conserven su esencia, objetivos y fines.

"Esta modificación mantiene esas características del proyecto. Es muy respetable la posición de esos 11 diputados, están en su derecho de presentar una consulta. Le tocará a la Sala analizar sus argumentos, los que estamos a favor del nuevo texto respaldamos que vaya a consulta para que vuelva blindado de la Sala y le podamos dar segundo debate", agregó el verdiblanco.

Juan Marín, del PLN, espera que el proyecto vuelva "blindado" de Sala IV.

Entre las principales características del proyecto está que declara el agua como un bien de dominio público, prioriza el consumo humano, crea el sector hídrico del Estado y modifica el destino de los recursos que genera el canon por el uso del agua, unos ¢6.000 millones anuales.

La nueva redacción del proyecto llegó al primer debate con el apoyo de los sectores productivos y cámaras empresariales, que se mantuvieron al tanto del trámite legislativo para que la iniciativa no afectara sus intereses en el uso del agua.

La consulta facultativa de constitucionalidad no es el primer freno que se le aplica al proyecto de ley. En agosto del 2014, el proyecto tuvo un traspié en la Sala Constitucional, porque reducía la zona de protección alrededor de las nacientes de los 100 metros actuales a 20 metros, “sin ningún sustento técnico”, tal como advirtieron los magistrados en el momento.

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