LA VOZ DE GOICOECHEA.- Caso lleva más de cinco años en trámite y se relaciona con el cobro de ¢400 millones en contratos de alquiler de vehículos supuestamente falsos en campaña.
La fiscala general, Emilia Navas, ordenó definir en 15 días si se acusa o no a personeros del Partido Liberación Nacional (PLN) por los contratos de alquiler de vehículos que esa agrupación le cobró al TSE tras las elecciones del 2010.
El caso lleva más de cinco años de trámite en el Ministerio Público y se relaciona con el cobro de ¢400 millones en contratos de transporte, aparentemente falsos, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Tras el estudio del expediente, la fiscala Navas Aparicio dio la orden a la fiscala auxiliar Diana Hernández para que resolviera el caso en un plazo específico: el 1.° de diciembre del 2017. La funcionaria tiene a cargo el caso desde mayo del 2016.
“Actualmente, Hernández se encuentra confeccionando el proyecto de conclusión fiscal, el cual, después de la fecha indicada, será comunicado a los medios de comunicación”, indicó la oficina de prensa de la Fiscalía, ante una consulta de La Nación.
La Fiscalía investiga los gastos de campaña del PLN en las elecciones del 2010, específicamente los contratos de alquiler de vehículos.
¿Es posible que alguno de los posibles delitos que eventualmente se identifiquen ya hayan prescrito, tomando en cuenta que el caso se abrió desde el 2012? "Esto se determinará cuando la conclusión fiscal esté lista", contestó el Ministerio Público.
Los hechos
El caso se remonta a mayo del 2012, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció ante la Fiscalía General a 90 dirigentes del PLN por cobrar contratos de transporte supuestamente falsos tras la campaña que llevó al poder a la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014).
Según había denunciado el TSE, al parecer la dirigencia de Liberación habría ideado un mecanismo para transferirles recursos a sus comités cantonales, de manera expedita, mediante contratos simulados de alquiler de vehículos.
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio. Fotografía José Cordero
La agrupación habría facilitado contratos machote y le asignó a cada cantón un presupuesto que osciló entre ¢1 millón y ¢4 millones, para girarles cheques por ese concepto.
Sin embargo, posteriormente, los cheques habrían sido cambiados y utilizados para sufragar otro tipo de gastos, como alimentación, pago de secretarias y papelería.
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