Las oficinas públicas corresponden a los diputados Morales y Guevara, así como la de los asesores del último legislador. La cuarta oficina pertenece a Rodríguez, viceministro de ingresos del Poder Ejecutivo.
También se allanan las casas de los diputados, ubicadas en Heredia y Escazú, respectivamente, y la del Viceministro, también localizada en Heredia. El objetivo es recopilar prueba relacionada con el delito por el cual se les investiga: tráfico de influencias, bajo las causas penales 15-00022-0033-PE (contra los legisladores) y 17-00032-0621-PE (contra Rodríguez).
Las acciones operativas están relacionadas con el caso conocido mediáticamente como “cemento chino”, investigado bajo un nuevo análisis jurídico y probatorio, desde el 13 de octubre anterior.
La Fiscalía General solicitó la autorización de allanamiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que se trata de personas investigadas que son miembros de los supremos poderes.
La diligencia que se realiza en el Congreso es dirigida por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, debido a que la legislación nacional exige que sea la jefatura del Ministerio Público la que asuma las investigaciones que vinculan a integrantes de los supremos poderes que gocen de inmunidad, como es el caso de Guevara y Morales.
Además de la jerarca, en los allanamientos participan siete fiscalas y fiscales, cinco magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera y agentes de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial.
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