"Esa no es la vía, ni es el momento para hacer el recorte", dijo el vocero del TSE, Gustavo Román, sobre la propuesta que el legislador Otto Guevara presentó para el Presupuesto Nacional del próximo año.
Según Román, el hecho de que el Presupuesto Nacional para el próximo año contenga menos dinero para la campaña política, no exonera al Estado de liquidar el monto que constitucionalmente se destina para financiar las campañas de los partidos políticos.
"Lo que hicieron fue sacar de la partida presupuestaria ¢10.000 millones. ¿Cuál es la consecuencia?, la obligación del Estado permanece, lo que pasa es que hay ¢10.000 millones menos para cubrirla y eso tiene relevancia porque puede dar origen a demandas contra el Estado costarricense, personas que vean lesionados sus derechos, pueden ser partidos políticos, medios de comunicación que reciban como pago bonos de deuda política o instituciones bancarias. Incluso, esas personas podrían no solamente reclamar esos dineros sino que también exigir una indemnización por daños y prejuicios", señaló Gustavo Román.
El funcionario indicó que es tarde para propuestas que reduzcan el gasto en campaña política para las próximas elecciones.
"Nosotros (el TSE) vamos a distribuir lo dispuesto por ley, los beneficiarios van a ir a Tesorería Nacional y es ahí donde no van a tener los recursos para honrar las deudas..., tenemos cuatro años entre elección y elección para hacer ese tipo de cosas, esta vía no es la vía, ni este momento es el momento, el proceso electoral ya arrancó y ya no es el momento para cambiar las reglas", advirtió.
El vocero adelantó que, de no aprobarse el total de la deuda en el presupuesto ordinario, se obligará al Estado a incluirlo de forma extraordinaria el próximo año.
"Esos dineros los va a ocupar el Estado no antes del segundo semestre de 2018. Entonces, podría ser que la decisión que tomaron ayer los diputados de la comisión sea ratificada por el plenario legislativo, pero en un presupuesto extraordinario 2018 van a tener que buscar los recursos para reponer esos ¢10.000 millones, salvo que nos queramos exponer como Estado a esas demandas, señaló Román.
La moción que se aprobó este miércoles pretende destinar la mitad de la deuda política presupuestada en la ley de Presupuesto Nacional 2018 para atender la emergencia ocasionada por la tormenta Nate, a través de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
El plan de gastos de gobierno para el próximo año todavía requiere de la aprobación de los diputados en el Plenario, por lo que la iniciativa todavía no está en firme.
Por ley, la deuda política será para esta elección un 0,11% del producto interno bruto (PIB) del 2016. Para el próximo año, Hacienda presupuestó ¢21.275 millones.
Con la propuesta de Guevara, el presupuesto para partidos quedaría en poco más de ¢10.000 millones y otra parte igual para la emergencia, lo cual es un monto inferior a los gastos de primer impacto por Nate que ya asciende a ¢13.000 millones.
Con el criterio del TSE concuerda la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), presidenta de la comisión de Hacendarios, quien considera el desvío como inconstitucional.
"Es inconstitucional, dado que la Constitución Política establece que debe reservarse el 0,11% y solo por una reforma constitucional se puede variar, habría que haberse aprobado un proyecto de ley que tiene que ver con una reforma constitucional y requiere de 38 votos y pasarlo con todo el procedimiento correspondiente", afirmó la liberacionista.
Pese a las críticas, Guevara sostiene su propuesta y argumentó que una acción de inconstitucionalidad al Presupuesto no detendría la ejecución.
"No hay control de inconstitucionalidad sobre el Presupuesto de la República porque una acción de inconstitucionalidad dura más o menos un año y medio en resolverse y, ya para entonces, el presupuesto ha sido ejecutado'", aseguró el libertario a sus compañeros de comisión que se opusieron al cambio.
Por otro lado, Román aseguró que no existe impedimento para que los partidos políticos declinen de cobrar el total que les corresponda, pero lo que no se cobre sería direccionado de nuevo a las arcas del Estado y no a la atención de la emergencia, como lo proponen los diputados que apoyaron la modificación.
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