LA VOZ DE GOICOECHEA.- Y es que nada más que Chinchilla asume su puesto y comienzan las dificultades: restricciones en el gasto ante el creciente déficit fiscal, se destapa la crisis en el fondo de pensiones, huelga de los funcionarios judiciales y parálisis de los servicios forenses y, por si fuera poco, nuevamente cobra vigor la problemática en la Defensa Pública, meses atrás develada por el Semanario Universidad.
Algo huele mal en la Defensa Pública. Esa es la denuncia pública que desde la semana anterior está circulando en redes sociales. Por la relevancia del caso, no podemos permanecer en silencio cuando nuestra obligación es informar.
En Universidad y en redes sociales se habla de una serie de anomalías y cuestionamientos a la Directora Martha Iris Muñoz Cascante. Se destaca que la Jefa Muñoz fue la única funcionaria de mando medio que con un puesto de dirección vitalicio y con un salario de 5 millones -que no rinde cuentas a nadie-, que participó activamente en la huelga del Poder Judicial y apoyó la retención de cuerpos en la morque sin importarle el dolor que provocó a muchas familias y la reprobación del público. Huelga por lo demás, que el pasado 24 de agosto la Jueza Yocelin Quesada Porras del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito de Judicial de Zona Atlántica declaró ilegal.
Por otro lado, en el pasado mes de abril el “Segundo Informe del Estado de la Justicia” demuestra el mal manejo de la institución, así como mala gestión en la defensa de las personas más pobres. Esta situación no debería suceder si se considera que es una institución con aproximadamente 900 funcionarios, que cuesta más de 30 mil millones de colones al año y que defiende a miles de personas ante los Tribunales de Justicia.
Se cuestiona un clima de abuso de poder, acoso y maltrato laboral por la señora Muñoz negándose por medio de una circular, de forma arbitraria y sin fundamento legal toda posibilidad de ascenso a los funcionarios de esa institución.
Esto contrasta con la denuncia que desde diciembre de 2016 han trascendido a la luz pública cuando la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, habría promovió a su secretaria, Shirley Víquez Córdoba, a una plaza de defensora pública apenas un día después de que esta se incorporara al Colegio de Abogados, sin experiencia alguna como defensora pública y sin que cumpliera una serie de requisitos exigidos por la institución.
Para muchos funcionarios la privilegiada secretaria, es como “el poder atrás del trono”, por el poder de facto que ejerce en el manejo de esa institución y de las ventajas indebidas que ha obtenido por la cercanía con la directora Muñoz Cascante.
Por otro lado, se han denunciado las innumerables incapacidades de los funcionarios y continuos cambios de personal administrativo, el cual pareciera no resistir el pésimo clima laboral. Entre los caídos, destaca la renuncia del subjefe Alejandro Rojas Aguilar. Al respecto los sindicatos SITRAJUD y Sindicato de la Defensa Pública SINDEPU han transmitido ante el Consejo Superior del Poder Judicial la preocupación de los trabajadores de la Defensa Pública, por la falta de transparencia hacia los trabajadores en el manejo y conformación de la unidad de nombramientos de esa institución, y han clamado sin obtener respuesta que se haga un estudio confidencial del clima laboral de la institución.
En el mes de enero trascendió que la Inspección Judicial investigaría el presunto ascenso irregular de la secretaria Víquez, pero a la fecha no se tiene noticias que haya existido avances, ni tampoco ha existido algún ningún pronunciamiento o gestión de la Corte Suprema de Justicia antes estas series de anomalías, por el contrario, la constante ha sido la falta de respuestas.
Como pueden comprender los lectores, si esto pasa en el Poder Judicial, encargado de impartir justicia, en qué quedamos, algo así como que “en casa de herrero cuchillo de palo”.
El Presidente Carlos Chinchilla, cuya designación cifró esperanzas de transparencia, buenas prácticas administrativas y sobre todo el criterio de ética en el Poder Judicial, ahora está enfrentado a la opinión pública, para que, con su sapiencia y respeto ganado por su trayectoria, tome cartas en el asunto. Que investigue y resuelva los problemas administrativos desde la dirección para abajo. Que corrija las injusticias y anomalías, que enrumbe por la vía correcta la Institución y por, sobre todo, que se cumpla a cabalidad con el mandato legal de su creación.
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