LA VOZ DE GOICOECHEA.- El mandatario Luis Guillermo Solís afirmó la noche de este lunes que su gobierno asumió la tarea de romper con el duopolio que existía en el mercado del cemento, el cual en su criterio impedía la importación de esa materia prima al país.
Mencionó tres regulaciones que este gobierno eliminó, en marzo del 2015, mediante una reforma a un reglamento emitido en el 2005. Se refirió a la prohibición para vender cemento con más de 45 días de bodegaje, el impedimento para comercializar el insumo en sacos que no fueran de 50 kilogramos y la imposibilidad para comercializarlo a granel.
Según Solís, la decisión de romper el duopolio surgió a raíz de las preocupaciones del ahora exministro de Economía, Wélmer Ramos.
Si bien no mencionó a las dos compañías que conformaban el duopolio, el presidente se refería a Cemex y Holcim, las dos firmas que dominan el mercado.
"Esta preocupación ampliamente estudiada desde hace años por don Welmer Ramos, exministro de Economía, hizo que mi gobierno asumiera la tarea de romper con el duopolio y buscara generar las condiciones para que otros proveedores pudieran comercializar cemento en nuestro territorio".
Sobre la decisión de romper el monopolio, Luis Guillermo Solís no recibió objeciones de los diputados que participaron en la comparecencia de este lunes.
"Aquí no estamos discutiendo la apertura del duopolio, estabamos a favor", precisó Ronny Monge.
Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC), felicitó al presidente por la decisión. Dijo que las dos empresas locales de cemento se ponen de acuerdo para controlar los precios y que una ley de hace 20 años le da poder al MEIC para intervenir. Él recomendó que el Estado entre a regular esos precios.
El mandatario dijo que la reforma reglamentaria buscaba reducir los precios del cemento y que, a abril de este año, la baja era del aproximadamente el 8%, aunque Ronny Monge sostuvo que, al contrario, el precio subió en un 7%.
Por otra parte, el presidente insistió en que fueron infructuosas las gestiones hechas en Casa Presidencial por el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, afirmación que le rebatió el legislador Ottón Solís.
Mencionó por ejemplo que, en las dos primeras de siete reuniones, Bolaños manifestó disconformidades con la reglamentación para importar cemento y se le respondió que el proceso era netamente técnico y que el espacio para debatirlo era el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Agregó que el empresario incluso demandó al Estado.
No obstante, Ottón Solís le respondió que Bolaños logró que se cambiara un reglamento del BCR para que se usaran seguros de caución como garantía, para obtener un préstamos de $20 millones, la autorizaran para usar cemento chino en el un dique que le contrató la CNE en Guanacaste, así como siete visitas a Casa Presidencial, algo que no obtiene cualquiera, para tratar asuntos específicos de sus negocios.
Luis Guillermo Solís habló durante el interrogatorio que le hicieron los diputados en Casa Presidencial, como parte de la comisión legislativa que investiga el otorgamiento de dos préstamos en el Banco de Costa Rica (BCR), uno por $20 millones para la firma Sinocen Costa Rica, del empresario Juan Carlos Bolaños, para importar cemento chino, y otro para la compra de una planta Hidroeléctrica a Coopelesca por $32,7 millones.
El discurso de Solís fue coincidente con el que dio la ministra de Economía, Geannina Dinarte, en horas de la mañana en conferencia de prensa, donde denunció que en el 2005 el Gobierno y dos cementeras se pusieron de acuerdo para obstaculizar el ingreso de nuevos competidores al mercado del cemento.
Alegó que, en el 2005, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) mediante un decreto "fijó regulaciones para la importación de cemento que favorecían a las dos empresas e impedían la competencia".
Agregó que esas regulaciones —establecidas durante la administración de Abel Pacheco (2002-2006)—, carecían de sustento técnico y que fomentaban la solvencia del duopolio.
"Tales requisitos para la comercialización de cemento no tenían fundamento técnico, algunos de ellos no se aplicaban en ninguna otra parte del mundo y claramente tenían el propósito de impedir la entrada de competidores al mercado costarricense. Las condiciones de ese decreto fueron acordadas por dos empresas en 2003 y avaladas por el Gobierno en el 2005", explicó Solís.
Mientras William Alvarado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) afirmó que la reforma reglamentaria era necesaria y que el reglamento en vigencia es "serio" y establece requisitos claros.
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