LA VOZ DE GOICOECHEA.- La realidad financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se conocería en un año, al ser aprobado esta semana en la Asamblea Legislativa un préstamo por $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para esa empresa pública.
Por 40 votos a favor y dos en contra, este martes pasó en primer debate el proyecto N. 19.998, que respalda un convenio del 5 de febrero del 2016 entre el BID y el Gobierno de Costa Rica (como fiador) para entregar esos $500 millones al ICE para que construya proyectos de generación de energía con fuentes limpias.
En la actualidad, la iniciativa está en etapa de discusión en segundo debate, donde se requieren 38 votos para la aprobación del crédito, lo cual podría suceder en cualquier momento.
La discusión de este préstamo enfrentó a los legisladores a inicios de mes debido a la introducción de una moción según la cual, el ICE aplicará plenamente las llamadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), al año siguiente de la aprobación del préstamo.
Las NIIF, conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad, son estándares técnicos contables de uso común en todo el planeta. En la práctica, sirven de marco regulador para elaborar estados financieros y presentar la información de cualquier entidad económica, pues evitan o reducen discrepancias de criterio que pudieran conducir a diferencias sustanciales en los datos que muestran los estados financieros.
Esta ha sido una promesa incumplida del propio presidente ejecutivo de la entidad, Carlos Obregón, quien se había comprometido a aplicarlas al 100% a partir de enero de este año. Así lo expresó en una comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa en junio del 2016.
Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) explicó en julio pasado, ante esa misma Comisión, que si el ICE aplicara al 100% las normas NIIF habrían de rebajarse las tarifas de electricidad ya que se modificaría el esquema financiero de los fideicomisos que hoy tiene el Instituto.
El ICE tiene bajo esquema de arrendamiento operativo el Proyecto Térmico Garabito (Puntarenas), el Proyecto Geotérmico Las Pailas (Guanacaste) y las plantas hidroeléctricas Toro III y Cariblanco, en San Carlos y Sarapiquí (Alajuela), según detallan sus estados financieros.
Bajo esta modalidad, todos los gastos operativos de esos proyectos se pueden trasladar a la tarifa de electricidad pagada por los consumidores. Sin embargo, una vez calificados de arrendamientos financieros bajo las normas NIIF, solo se podría trasladar a la tarifa, la tasa de interés del fideicomiso, pero no, por ejemplo, la amortización de los proyectos de generación.
Dicha situación obligaría a la Aresep a rebajar las tarifas.
En su comparecencia en julio pasado, Mora señaló que la Aresep le ha descubierto al ICE "serios problemas de gestión en los proyectos de generación en todas las etapas: pre-factibilidad, factibilidad y ejecución".
El funcionario reiteró que esto es importante porque la Aresep también halló que la mayor parte de esos proyectos tienen plazos de financiamiento que no son consistentes con la vida útil de las plantas, ni con el ciclo de los proyectos.
"Básicamente, proyectos de vida útil de 40 años, financiados a 12 o 13 años, que generan una escasez financiera y un proceso de recuperación vía tarifas pues muchísimo más acelerado", expresó el intendente.
El diputado Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, y su homólogo del Frente Amplio y sindicalista del ICE, Jorge Arguedas, han insistido durante el debate legislativo en que la situación financiera del ICE podría ser más delicada de lo que se conoce. Con las normas NIIF, esto quedaría en evidencia.
A noviembre del 2015, el ICE estaba al borde de superar el máximo de endeudamiento permitido por ley. El nivel de deuda de la empresa pública ascendió al 39% del total de sus activos en junio del 2015 (en el 2011 era 32%) según confirmó el Instituto a solicitud de La Nación.
La legislación de fortalecimiento de la entidad autónoma –Ley N.° 8.660– dicta que el límite de deuda para la compañía y sus subsidiarias es del 45% de sus activos. La deuda total del Grupo ICE, de largo y corto plazo, ya iba por ¢2,2 billones al 30 de junio del 2015. Casi el 70% de ese monto está en dólares, confirman estados financieros de la empresa pública.
Arguedas recalcó que un efecto de registrar los arrendamientos de operativos a financieros es que ello reflejaría el nivel de endeudamiento real del Grupo ICE.
De esta forma, aseguró, se sabría si la entidad aún está bajo el tope legal que fija el artículo 14 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del sector Telecomunicaciones (8660) o si fue superado, "con todas las implicaciones que tendría esto en la relación con sus acreedores".
Cada año, en setiembre, las empresas públicas reguladas del sector de energía solicitan a la Aresep un ajuste de tarifas ordinario con el cual financian sus operaciones, gastos e inversiones de cada año. Hasta ahora, según los registros de la Autoridad Reguladora, el ICE sigue sin formalizar este pedido.
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