"LLEVAR AL EXTREMO ESTE TIPO DE SOLIDARIDAD ES COMPLICADO", DICEN EMPRESARIOS
LA VOZ DE GOICOECHEA.- La propuesta del gobierno para subsidiar el consumo eléctrico a familias pobres tomó fuera de base a las compañías distribuidoras de energía y puso la bola a los pies de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), ente que tendrá que fijar el esquema tarifario.
No pasaron muchas horas para que la propuesta sembrara incertidumbre. Desde ya, las empresas están recelosas de la forma en que se podría establecer un sistema tarifario.
Mario Mora, intendente de energía, explicó que de momento no conocen a profundidad la propuesta. Esperarán la publicación oficial del decreto en el diario La Gaceta para comenzar el análisis.
“Estamos a la espera de la publicación formal del decreto firmado por el Poder Ejecutivo, con el propósito de comenzar el análisis técnico del plan, su alcance e implicaciones. Tenemos la responsabilidad de velar porque no haya una invasión de las competencias tarifarias”, expresó Mora.
Consultado sobre si Aresep fue tomada en cuenta en el desarrollo de la propuesta, el funcionario explicó que atendieron ‘varias consultas técnicas’ hechas por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pero nada más.
“La política pública es responsabilidad del Poder Ejecutivo, nosotros atendimos consultas técnicas (…) No conozco el detalle del documento en los términos en que se firmó”, expresó Mora.
Beneficio a familias pobres
El plan, denominado ‘Tarifas Eléctricas Solidarias’, beneficiaría unas 27 mil familias que forman parte de planes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Según el gobierno, el subsidio aplicaría para los primeros 100 kWh facturados. Esto significa que familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50% después de cancelar los ₡1.500 del costo fijo de estar conectado a la red, el tributo al Cuerpo de Bomberos, alumbrado público y costo variable de combustibles.
Para crear el fondo de subsidio, el Ejecutivo otorgaría recursos provenientes del sector residencial. Es decir, de la mayoría de usuarios.
“Supuestamente tienen identificadas a las familias que están en pobreza básica y pobreza extrema. Ellos (el gobierno) dicen que van a recolectar un monto ‘x’, el cual todavía no sabemos cuánto es y lo distribuirán entre cada distribuidora”, indicó Erick Rojas, vicepresidente de la Cámara Distribuidora de Empresas Eléctricas y de Telecomunicaciones (Cedet).
Para Rojas, la posición de las empresas no es contraria a ayudar a las familias pobres, pero consideran la confusa la metodología que se trazó.
“No hay certeza de la afectación real a la clase media que asumirá el subsidio a quienes viven en pobreza y pobreza extrema. No puede ser igual el porcentaje de aumento en la tarifa para clase media en todas las empresas distribuidoras porque el componente de pobrezaes diferente en cada área de concesión”, sostienen las compañías.
En una reunión preliminar, la viceministra de Energía, Irene Cañas, comunicó a las empresas el interés de plantear una tarifa para familias pobres. “Creemos que el subsidio debe salir del gobierno, como sucede en otros países, sin tener que tocar las tarifas eléctricas”, manifestó Rojas.
“Llevar al extremo este tipo de solidaridad es complicado. Se vuelve bastante complejo y no hay claridad”, citó el representante.
El gobierno pretende que este fondo sea manejado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Dicho decreto será publicado en las próximas semanas.
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