LA VOZ DE GOICOECHEA.- A través de una directriz publicada el miércoles en La Gaceta, el presidente de la República Luis Guillermo Solís ordenó a cinco instituciones vigilar, revisar y sancionar a quienes brinde servicios ilegales de transportes, entre ellos Uber.
En el Artículo 1, se ordena al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cumplir con sus obligaciones de vigilar y sancionar de acuerdo a la Ley de Tránsito, a quien preste servicio de transporte remunerado de personas sin las autorizaciones correspondientes y en cualquier otra forma contraria a la ley.
“En igual sentido, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 7593, el MOPT deberá coordinar con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aquellos casos de prestación no autorizada del servicio público de transporte remunerado de personas, para que pueda establecer los procedimientos administrativos que por ley le corresponden, de conformidad con su marco normativo aplicable”, señala dicho artículo.
Además, en el Artículo 2 pide a la Dirección General de Tributación “realizar las acciones que por ley correspondan para asegurar que cualquier otra empresa que utilice plataformas digitales para prestar un servicio ilegal de transporte remunerado de personas, se ajusten a las disposiciones tributarias aplicables al efecto”.
A la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pidió en el Artículo 3, investigar si cualquier empresa que utilice plataformas digitales para prestar un servicio ilegal de transporte remunerado de personas, se encuentra al día en sus obligaciones con la seguridad social.
Por su parte, al Ministerio de Economía le corresponderá ejercer las acciones legales que correspondan en relación con promociones y ofertas sobre servicios ilegales de transporte remunerado de personas que promuevan diferentes empresas dentro del territorio, según el Artículo 4 de la directriz.
Publicidad de servicios de transporte
Además, en otra directriz se establece la prohibición de publicitar mensajes de empresas que presten servicio ilegal de transporte remunerado de personas:
Artículo 1: Se ordena a la Administración Central y se instruye a la Administración
Descentralizada, hacer uso de sus competencias para, dentro del marco de normatividad
vigente, disponer todas las medidas necesarias para evitar que en sus espacios se
publiciten mensajes de empresas que empleen plataformas digitales para la prestación
de servicios ilegales de transporte remunerado de personas.
Artículo 2: Dicha restricción se extenderá a todos aquellos espacios físicos dispuestos para la publicidad (vallas publicitarias, mupis, entre otros), así como cualquier espacio electrónico (páginas web, redes sociales, entre otros) que tengan a disposición las instituciones públicas o las empresas públicas del Estado.
Ambas directrices se giraron el 3 de agosto anterior y aplican desde el miércoles tras la publicación en La Gaceta.
Precisamente, el 3 de agosto anterior tras una reunión con el gremio de taxistas, el Gobierno dijo que intensificará los operativos contra quienes presten el servicio de choferes de Uber.
Luego de varias infracciones a conductores, Andrés Echandi, gerente general de Uber en América Central, dijo por medio de un comunicado de presa que respetaban la posición del Gobierno, pero creían oportuna una regulación como existe en otros países.
“Es de suma importancia definir una regulación innovadora y apropiada, como existen en más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo, permitiendo que las nuevas tecnologías sigan promoviendo el desarrollo y la libre convivencia de todas las formas de movilidad existentes en el país”, afirmó Echandi.
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