Ottón Solís propone limitar pensiones de los expresidentes

LA VOZ DE GOICOECHEA.- El diputado Ottón Solís sostiene que la persona que ocupe la Presidencia de la República debe dar el ejemplo a los demás.

Limitar las pensiones de los exmandatarios y establecer una remuneración única para el Presidente de la República son los objetivos de un proyecto de ley que presentó el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Si se aprueba la iniciativa, la remuneración mensual bruta del Presidente sería de ¢6.150.623, como está en la actualidad. Pero sería un monto único sujeto a las deducciones de ley.

“A la fecha, la persona que ocupe la Presidencia de la República tiene un salario base de ¢2.904.923 y recibe ¢1.888.200 por prohibición y ¢250.000 por gastos de representación. Además, tiene a su disposición una partida para gastos confidenciales por un monto de ¢1.107.500. Sumados estos rubros, dispone de ¢6.150.623 al mes”, detalla el texto.

La propuesta agrega: “El esquema no configura una remuneración desmedida. Pero es poco transparente. En esta materia, el objetivo de este proyecto de ley es aprobar una remuneración única y totalmente transparente para la persona que ocupe el máximo cargo de nuestra estructura política”.

Según la iniciativa, el Presidente deberá cotizar a los regímenes de pensiones a los que pertenece, o a los de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en caso de no pertenecer a ninguno. Se prohíbe el pago de gastos de representación y de gastos confidenciales.

El monto de la remuneración del Presidente se ajustaría una vez al año, de acuerdo con el incremento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor del año anterior, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), excepto cuando este supere diez puntos porcentuales (10%), en cuyo caso el ajuste será de un diez por ciento (10%).

Eliminar privilegio

Para el legislador, el otorgamiento automático de una pensión a los expresidentes es injustificado.

El proyecto busca eliminar, además, el derecho a la pensión automática que tienen los gobernantes una vez finalizado su mandato.

De acuerdo con la propuesta, la pensión de un expresidente es igual al ingreso bruto de un diputado, conformado por dietas y gastos de representación, el cual asciende a ¢3.907.902,10 a la fecha.

“Ello significa que el monto de la pensión mensual bruta de un expresidente está muy por encima de, por ejemplo, la pensión máxima sin postergación (¢1.539.414) que otorga el régimen del IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), al cual pertenece la gran mayoría (el 94,45%) de los costarricenses que pertenecen a algún régimen y en el que se tiene acceso a la pensión por vejez solo después de haber cumplido 65 años y cotizado al menos 300 cuotas”, señala el documento.

Para el legislador, el otorgamiento de ese beneficio a los expresidentes configura un privilegio injustificado.

“En nuestro sistema democrático el máximo cargo político exige el mayor sacrificio y no debe ser atajo para obtener los mayores privilegios. El disfrute automático de un fuero especial o de una suerte de mayorazgo, con enormes ventajas por sobre la normativa que existe para el resto de la población, es propio de dictaduras, monarquías o principados, pero no de una democracia. Se trata de un anacronismo, el cual nunca se justificó ante la población. Solo se explica por el silencio mutuo y las complicidades que se gestan en el mercado de transacciones de favores que ha caracterizado a un sector de la clase política”, indica el texto en la exposición de motivos.

Además, señala que en el país existe la posibilidad de que los expresidentes aspiren a la reeleccióndespués de dos períodos de haber ejercido el cargo y que disfrutar de una pensión automática les da una ventaja económica significativa sobre otros aspirantes, pues pueden dedicarse a tiempo completo a su campaña desde que dejan el cargo, sin preocuparse por trabajar.

“En la práctica significa que los costarricenses les financiarían su campaña a partir del momento en que terminan su primer período presidencial”, se sostiene en el texto.

Por ello, propone que los expresidentes del futuro podrán contabilizar los años que sirvan en el cargo, como parte de los años y cuotas requeridas para pensionarse dentro del régimen al que pertenezcan. Deberían cotizar durante el período que se desempeñen como Presidente.

También plantea que a las pensiones de los expresidentes (o de sus causahabientes, incluidas las personas que hubieran tenido la condición de Primera Dama) que actualmente disfrutan del régimen que pretende derogar el proyecto, se les impondría una contribución solidaria, cuyo monto sumado a los rebajos por concepto de impuesto sobre la renta y seguro de salud, alcanzaría el 50% del exceso sobre la pensión máxima sin postergación que otorga el régimen del IVM de la CCSS.

Estos recursos ingresarían a la Caja Única del Estado.

“Para tener autoridad moral y estar legitimado ante el resto de los funcionarios públicos, el ejemplo debe empezar por casa. No es viable políticamente ni correcto moralmente imponer límites a las pensiones de otros funcionarios públicos, reglar el empleo público o incrementar los impuestos, si el primer servidor del Estado, quien ocupe la Presidencia de la República, sigue disfrutando de un sistema de remuneraciones poco transparente y de un régimen de pensiones privilegiado”, se indica en la propuesta