Lo trámites burocráticos y recargos laborales consumen de manera excesiva los tiempos destinados a la enseñanza y aprendizaje, lo que provoca serias repercusiones en la calidad educativa.
Desde hace varios años, el Ministerio de Educación Pública (MEP) usa la figura de recargo como una forma de garantizar la continuidad del curso lectivo, especialmente una vez iniciado.
De acuerdo con el VI Informe del Estado de la Educación en gran cantidad de casos, el recargo se fundamenta en la necesidad de atender tareas fundamentales en los centros educativos. Sin embargo estas deben ser asumidas por los docentes, al no contar con el presupuesto suficiente para crear nuevas plazas. Eso tiene un efecto negativo en la calidad de la educación.
“Los funcionarios pueden recibir un pago adicional por realizar labores extras a sus funciones ordinarias, siempre y cuando su monto no exceda el 50% del salario base. Todos los recargos son aprobados para una periodicidad que no supera los 12 meses y deben ser renovados, aun cuando el nombramiento se prorrogue”, indica el Informe.
Para el investigador Dagoberto Murillo es importante diferenciar entre recargo e incentivo. Aseguró que es un proceso complejo y se logró por medio de entrevistas realizadas en distintos centros educativos, que reconstruyeron la ruta de asignación de estos montos.
“El director tiene un rol fundamental en este proceso. Es el actor que inicia con la solicitud de un trámite para que en ese centro educativo haya un recargo. Y finalmente son ellos quienes eligen qué funcionario va a ocupar un recargo y cual no”, dijo el investigador.
Murillo también resaltó que en este tema, la planificación y evaluación son dos factores relevantes que no se toman en cuenta. No existe un adecuado control que determine si estos recargos son efectivos y cumplen con los objetivos planteados.
El Informe es claro en que el modelo actual muestra debilidades, como por ejemplo la ausencia de instrumentos de evaluación de los docentes que realizan funciones extraordinarias.
“Rara vez se hacen auditorias o evaluaciones para determinar la idoneidad de los recargos aprobados o hasta qué punto apoyan los grandes objetivos de la política educativa”, detalla la investigación.
Otros hallazgos destacan que un 49% de los directores consultados afirmaron que la cantidad de trámites y papelería para aprobar recargos y sobresueldos es excesiva. El 27% de los docentes dijo estar en desacuerdo con la afirmación de que los recargos se asignan con mecanismos transparentes que buscan el mejor resultado para el centro educativo.
Para el nuevo reporte, el Estado de la Educación realizó una revisión exhaustiva de los incentivos docentes, principalmente sobre el incentivo por zona de menor desarrollo social (IDS) y zonaje. Murillo indicó que se comprobó la necesidad de implementar cambios urgentes.
“Se hizo revisión y se encuentra que muchos de los criterios con los que se asigna están desactualizados o incluso en algunos casos duplicados. Otros hacen referencia a la existencia de servicios cercanos a la escuela pero no hay nadie que diga hasta qué punto es cercano o no. Aquí es donde planteamos que si queremos ver cambios hay que hacer las cosas distintas”, aseveró.
Para Isabel Román, coordinadora de la investigación, no basta solo con aprobar una serie de políticas educativas si el proceso de aprendizaje de los estudiantes se coloca en último lugar.
“De ese proceso de aprendizaje sabemos que seguimos teniendo bajos resultados y hay una serie de factores asociados a esos bajos resultados, y el tema de docente es muy importante. Pareciera que el sistema funciona de arriba para abajo, cuando debería tenerse como centro a los estudiantes. Hay que ver qué está pasando en el aula”, aseguró Román.
Imagen: Sexto Informe del Estado de la Educación
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