LA VOZ DE GOICOECHEA.- Mediante una carta de ocho páginas enviada este jueves, la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, le exigió al presidente Luis Guillermo Solís garantías de que la crisis de liquidez anunciada por él no afectará los derechos humanos de la población en general y, en particular, los de los más vulnerables.
La nota primero le recuerda al Gobierno las obligaciones que ha contraído internacionalmente para el cumplimiento de los derechos básicos de la población, en particular los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal, así como la prohibición de la esclavitud y la trata de personas.
La defensora advirtió a Solís de que se podrían desencadenar violaciones de derechos, de forma indirecta, si se prioriza el pago de la deuda externa por encima del financiamiento de programas sociales básicos.
Según la Defensoría, el Gobierno de la República no puede dejar de financiar la capacitación y el equipamiento policial ni el costo de investigaciones y sanciones por la violación de los derechos básicos. Añadió que el esquema básico de vacunación y los programas de nutrición también son esenciales.
Precisamente por esto, Montserrat Solano le exigió al Gobierno que, en un plazo de 15 días, le rinda un informe sobre la priorización de gastos que Luis Guillermo Solís ordenó en su anuncio sobre la crisis de liquidez. Le pidió responder si se priorizaron las obligaciones en derechos humanos.
"¿Cuáles son las medidas que tomará el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos en el contexto fiscal presente?", le preguntó Montserrat Solano al mandatario.
La preocupación de la Defensoría se enfoca en cuáles serían las consecuencias de las medidas de contención del gasto anunciadas por Solís en la población de mayor vulnerabilidad. La recomendación del órgano defensor es que el Gobierno tiene que comunicar a los órganos tutores de los derechos humanos sobre la situación fiscal que vive Costa Rica.
Según la carta de la Defensoría de los Habitantes, desde el 2000 se emitieron numerosas alertas al Poder Ejecutivo sobre los posibles impactos de la situación fiscal en el cumplimiento de los derechos humanos para la población, principalmente después de la crisis económica mundial del 2008.
Montserrat Solano enfatizó en que, hace dos semanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le llamó la atención al Gobierno por el "escaso avance en reforma fiscal, específicamente en materia de los impuestos de venta y renta" y añadió que, según esa entidad internacional, "si el país mantiene sus condiciones fiscales actuales, el aumento del pago del servicio de la deuda desviará los recursos de la inversión en educación, salud, infraestructura y seguridad".
"Esta situación eventualmente obligaría al país a realizar recortes y congelar el sistema de bienestar social, aumentando potencialmente la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad social", concluye la defensora en su carta al presidente.
Además, la defensora le recordó al mandatario la inviolabilidad de los derechos de las niñas y niños, al igual que los derechos a la nacionalidad, los derechos políticos y las garantías judiciales que aseguren el cumplimiento de todos esos principios básicos.
"El carácter inderogable de esos derechos implica que el Estado no puede poner en peligro las garantías a su respeto mediante las medidas de austeridad que adopte", escribió Solano en su carta.
A menos de 72 horas de que el presidente anunciara la crisis de liquidez y la aplicación de medidas para enfrentarla, en la Asamblea ni se asomó nadie de la Presidencia ni los líderes de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) han tomado acciones para impulsar los proyectos que solicitó el mandatario.
Entre los planes más necesarios para enfrentar esa crisis, Luis Guillermo Solís resaltó los proyectos para transformar el impuesto de ventas en valor agregado (IVA) y la reforma al tributo sobre la renta. Sin embargo, aún no hay noticias de negociaciones o diálogos con los parlamentarios para definir una ruta de salida para aprobar esas leyes.
Además, las diferentes fracciones enfocan sus recomendaciones en aprobar planes para limitar el gasto público en general y los pluses salariales, en particular.
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