Sindicatos del Poder Judicial seguirán en huelga si se afectan pensiones

LA VOZ DE GOICOECHEA.-   El paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial se extenderá hasta el miércoles de la siguiente semana, si el Congreso aprueba una reforma al régimen de pensiones que no es bien vista por los funcionarios.

El Poder Judicial se levantó en huelga desde ayer con la particularidad de que solo los servicios de carácter urgente se han mantenido habilitados.

De esta forma, los juicios que estaban programados automáticamente se suspendieron e inclusive, en la Morge solo se están realizando las autopsias donde se podría perder evidencia.

Se estima que al menos unas 16 mil personas se encuentran en paro de labores, esperando las órdenes de las directrices correspondientes.

Gran parte de la molestia de los empleados judiciales se debe a que el Congreso no acogió la propuesta de ley que presentaron, y prácticamente se dedicarán a elaborar un nuevo proyecto que incluya las recomendaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Vamos a pedir que no se basen en ese estudio para tomar una decisión, porque eso podría perjudicar a muchísimos trabajadores del Poder Judicial”, manifestó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Hernán Campos.

Esta tarde un grupo de trabajadores de diferentes departamentos se dirigieron a la Asamblea Legislativa, con el fin específico de poder reunirse con los diputados, sin embargo ante la falta de quórum solo pudieron conversar brevemente con Ottón Solís, quien fue el único que los atendió.

“Con todo respeto ustedes están atenidos a que el resto de los costarricenses financie su régimen de pensiones (…) Hay realidades numéricas”, indicó Solís, quien aseguró no tener miedo de la información en la que se basa.

Mientras Solís intentaba conversar con los representantes sindicales recibió más de un grito en su contra, por lo que decidió retirarse.

Cabe mencionar que como parte de la huelga, el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial solicitó que no se tomen represalias en contra de los funcionarios que participen del movimiento.

Para la liberacionista Sandra Piszk, la huelga es única y exclusivamente responsabilidad de la bancada de Gobierno, por no dictaminar el proyecto sobre el Régimen de Pensiones del Poder Judicial.

“Muy lamentable que a esta hora el Poder Judicial esté en plena huelga, por la intransigencia de algunos diputados y especialmente responsabilizo a los diputados de Gobierno, porque el problema en última instancia le cae al Gobierno de la República, todo por no aceptar un texto como bien se dijo aquí, que no hacía absolutamente ninguna diferencia si se escogía como texto base el presentado por SUPEN o el de los gremios, ya que los dos tenían que ser modificados”, expresó la congresista del PLN.

Por otra parte, hay varios diputados y diputadas que consideran que la huelga es injustificable, ya que por el momento no se ha tomado ninguna decisión definitiva, al contrario, la Comisión Especial de Reforma de Pensiones de la Asamblea está trabajando en un nuevo texto de consenso.

“Estudiando el texto base de los gremios, el tecto que se trabajó con la SUPEN y el estudio actuarial de la UCR, es indispensable que realicemos modificaciones al régimen para que los actuales funcionarios y funcionarias del Poder Judicial tengan una pensión en el futuro”, manifestó la congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero.

Guerrero Campos señaló que es necesaria una Junta Administrativa externa que sea técnica, pues la culpa de la actual condición es por una mala administración.

La diputada del PAC coincidió con otros legisladores que se tienen que respetar una serie de puntos medulares en una nueva negociación entre los gremios, la Asamblea, la UCR y el Poder Judicial.

Entre algunos de estos puntos están, mantener el rango del aporte obrero del 11% al 15%, respetar los derechos adquiridos de los funcionarios ya pensionados y los trabajadores que se pensiones en los 18 meses después de la entrada en vigencia de la reforma.

También se valora elevar la edad de retiro a 65 años, elevar los años de servicio a 35, mantener el retiro anticipado siempre que se cumpla con los 35 años de servicio y una edad mínima de 62 años en hombres y 60 en mujeres.

Parte de la Comisión también considera necesario elevar el cálculo de salario referencia a los últimos 20 años de servicio (240 salarios), subir 15 años el tiempo mínimo trabajado en el Poder Judicial para acceder a la pensión y bajar el porcentaje de la pensión al 72,5%.

También se quiere fijar el tope de pensión de 10 salarios base, es decir, 4 millones de colones. Así también establecer una contribución solidaria sobre el exceso del tope; entre otros.

Cabe recordar que el Plenario no sesionará sino hasta el siguiente miércoles, ya que los viernes no hay sesión, el día lunes está aprobado dentro de sus vacaciones y el martes es feriado por el día de la Anexión del Partido de Nicoya.