LA VOZ DE GOICOECHEA.- El ingeniero Rolando Castillo, coordinador del Programa de Ingeniería Estructural del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), conversó sobre las recomendaciones y hallazgos que suele hacer la institución en materia de infraestructura vial. A su parecer, los informes llegan a las instituciones pertinentes (MOPT-CONAVI), pero “no sucede nada”.
La posición del funcionario es a raíz de una consulta que le formuló este medio de comunicación, en cuanto a declarar vinculantes los informes del Lanamme, para así evitar a futuro posibles rezagos y el encarecimiento de obra pública. Aunado a esto se suman las fallas que suelen ser recurrentes; tal y como sucedió con el viaducto de Paso Ancho a cargo de la empresa MECO.
“Nosotros realizamos este trabajo día a día para que los impuestos que pagan los costarricenses sean utilizados de forma eficiente, y para eso tenemos una cantidad de personas importante, trabajando aquí para lograr ese objetivo. Se preparan informes y oficios de forma expedita, y es algo continuo, ya sea en áreas de puentes o carreteras en general”, comentó Castillo.
Según indicó, tanto el CONAVI como el MOPT, deben resolver la forma de cómo acatar las recomendaciones hechas por el Lanamme para hacerlas efectivas.
Hacer vinculantes los informes del laboratorio es una tarea que le corresponde a la Asamblea Legislativa. No obstante, la Contraloría General de la República (CGR) utiliza varios de los informes, y con base en ellos le exige al MOPT-CONAVI y a la Administración en general, que resuelva determinadas situaciones.
“Hace como 3 años la Contraloría le pidió al CONAVI justificar qué hacen con los informes que nosotros les estamos entregando y emitiendo, no es que solamente pueden guardarlos en una gaveta. Ellos tienen que comunicarle qué decidieron sobre esas recomendaciones”, explicó el experto en materia de puentes.
A pesar de que los informes del Lanamme no son vinculantes y la institución tiene algunas limitantes en cuanto a sus funciones, sí cumple la labor de fiscalizadora. De igual forma, las recomendaciones son recibidas en cinco entidades con poder en toma de decisiones: el MOPT, el Ministerio de la Presidencia, la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes.
En el caso del viaducto que se construye en Paso Ancho, cabe mencionar que la constructora MECO tiene casi dos años de atraso en la entrega de la obra (tenía que estar lista en octubre de 2015). Sin embargo, en el camino hubo problemas con las expropiaciones, el traslado de los servicios públicos e inconsistencias en la fase constructiva (no conformidades).
Por su parte, la empresa fiscalizadora Gimprosa detectó grietas, fisuras en los aisladores sísmicos, pandeos en estructuras metálicas, fracturas en el concreto y problemas con los anclajes, desde octubre de 2015.
MECO llevó a cabo estudios técnicos antes de traer los nuevos aisladores, y fue hasta diciembre de ese año, que comunicó el cambio de los elementos de amortiguación. Incluso, debido a esta situación, el CONAVI retuvo un pago de ₡77 millones a la compañía.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), dio a conocer dos informes al CONAVI: uno en junio y el otro en octubre de 2016. En el primero mencionó el problema con las platinas y en el otro señaló las inconsistencias con las almohadillas de neopreno y las losas de aproximación, mismas que presentaban fisuras.
A pesar de la existencia de los informes que señalaban deficiencias en la fase constructiva del proyecto, el gobierno anunció la apertura del viaducto en agosto de 2016. Como consecuencia, el 18 de junio de 2017, se desprendió una platina en una de las juntas de expansión y hubo un cierre parcial de 3 días. El contratista solucionó el problema el 21 de junio.
El 20 de julio se informó el cierre total del viaducto para sustituir las juntas de expansión de los puentes que conforman el paso a desnivel. Estas labores finalizarán en teoría entre setiembre y octubre.
Sobre las fallas, Castillo afirmó que muchos de los problemas nacen de los carteles de licitación. Incluso propuso que exista un tercero, un ente independiente, encargado de mejorar los carteles.
Se le consultó al ingeniero si estas situaciones ocurren debido a que las empresas contratistas compran materiales de menor calidad con el fin de ganar las licitaciones, pero prefirió no emitir comentarios al respecto.
En la evaluación de 77 páginas que hizo el Lanamme, específicamente sobre este caso, se mencionaron debilidades en los documentos de calidad del acero estructural, dado que no se remitió información acerca de la garantía del sistema de pintura del puente.
También se señaló el riesgo potencial de los bordes agudos o afilados de las vigas metálicas utilizadas en la construcción de los puentes, que podría ocasionar corrosión prematura, lo que conllevaría a la necesidad de ejecutar inspecciones y mantenimientos frecuentes a la estructura con el fin de controlar la propagación de este efecto.
“En el cartel de licitación no viene ninguna información de que los bordes filosos de las vigas deben ser redondeados, eso fue algo que fue detectado y se hizo una recomendación, ya que puede traer problemas de durabilidad en la obra”, explicó Castillo.
Sobre la misma línea, el profesional comentó que la calidad de un puente de 75 años de vida útil puede reducirse, debido a la necesidad de aplicarle una segunda capa de pintura y hacer mayores trabajos en un tiempo menor del que se hubiese esperado.
Durante la entrevista se le preguntó a Castillo si este tipo de hallazgos y rezagos son normales, sobre todo cuando se trata de contratistas que han ganado varias licitaciones en el país, a lo que respondió “si lo compara a nivel internacional, no es una práctica que se dé en otras partes del mundo, en países desarrollados- específicamente-. Hay problemas de expropiación de propiedades, lo cual dificulta el desarrollo de infraestructura en el país”.
Por último, el ingeniero manifestó que si se arreglan los problemas detectados, entonces el país podría pensar en tener un puente para 65 años, que cumpla con todos los requerimientos solicitados hoy en día.
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