Gobierno entrega al ICE reconstrucción de puentes y caminos sin definir precios ni garantías

LA VOZ DE GOICOECHEA.-    El Gobierno encomendó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la reconstrucción de puentes y caminos en los cantones afectados por el huracán Otto, así como la limpieza de ríos, sin definir precios por obras, sin pedir garantías ni tomar previsiones en caso de atrasos o daños.

Un convenio de cooperación firmado en marzo entre la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el ICE establece que esta última institución se encargará de 66 proyectos de infraestructura bajo la figura de "ejecución por administración".

Baja esta modalidad, el Instituto contrata y ejecuta las obras para, luego, cobrárselas a la CNE contra factura.

Ambas instituciones aseguran que estos desarrollos no generan ganancias, aunque no detallan cuánto dinero le ahorrará este método al Estado. 

Los impulsores del acuerdo alegan que la elección del ICE, dedicada a servicios de electricidad y telecomunicaciones, permitirá iniciar las obras en menos tiempo, debido a su experiencia en la construcción.

Añaden que el Instituto no cobra ganancias, a diferencia de contratistas privados, por lo que lo eximen de depositar garantías para responder en casos de incumplimiento y de apegarse a precios fijos para la obras. 

Sin embargo, la Cámara Costarricense de la Construcción advierte de los riesgos que conlleva lo que califica como el "favor del ICE". Según Randall Briceño, director de la Cámara, al contratar sin un concurso público no hay manera de saber si el ICE tiene la propuesta más económica y más conveniente en el tema de plazos.

Briceño aseguró que la iniciativa de llevar al ICE a construir esas zonas viene de un sector político, y no técnico, que desea ver al ICE construir la obra pública del país, al precio que sea.

El ICE llevará a cabo estas obras de reconstrucción de principio a fin, pues se le encomendaron las tareas de diseño, estudios previos, estudios ambientales, consultorías, planeamiento y programación, así como construcción de infraestructura, inspección y control y preparación de los términos de referencia para los 66 proyectos de infraestructura.

El convenio con la CNE solo estima que la inversión total será de unos ¢20.000 millones. Sin embargo, el precio final de las obras es incierto, pues no existen cláusulas que estipulen cuál es el costo definitivo de cada proyecto.

Según el acuerdo, para cada una de las obras, el ICE y la CNE deben firmar un convenio específico con una estimación preliminar de los costos.

Por ejemplo, para las reconstrucciones de puentes las estimaciones preliminares van desde ¢172 millones a ¢1.000 millones por cada uno y, para las de caminos, de ¢72 millones a ¢781 millones.

Sin embargo, lo pactado aclara que las "estimaciones" se hacen sin perjuicio de que, luego, se efectúen ajustes de costos "técnicamente justificados", y que el monto y el plazo real de ejecución se verán durante el avance de las obras.

Hasta principios de julio, ni la CNE ni en el ICE habían respondido sobre el precio detallado de los proyectos.

La CNE solo facilitó los convenios específicos de tres proyectos: la limpieza del río Bijagua (¢107 millones), la limpieza de Quebrada Brava (¢100 millones) y los diseños y estudios de seis de los 22 puentes (¢106 millones que cobra el ICE, no incluye construcción ni materiales).

Al cierre de este artículo, de los 66 proyectos contemplados en el acuerdo de marzo, se habían iniciado 16 limpiezas y canalizaciones de ríos con estimaciones preliminares de costos entre ¢58 y ¢295 millones por cada uno. También, se inició un puente de una sola vía, de 30 metros de longitud que tiene un avance del 5% con un presupuesto estimado inicialmente en ¢167 millones.

La iniciativa de usar al ICE como asesor en temas de ingeniería e infraestructura fue del presidente de la República Luis Guillermo Solís, el pasado 24 de enero en Consejo de Gobierno, cuando designó al comité de funcionarios que verían por la reconstrucción. La Nación tiene el acta de Consejo cuando se encomendó la tarea.

La CNE y Mariano Figueres, comisionado para la reconstrucción, afirman que no se le hizo una contratación al ICE, sino que se acordó un convenio de cooperación entre instituciones del Estado amparados en las excepciones que permite la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, además del decreto de emergencia emitido por el paso del huracán Otto en noviembre del año pasado.

Figueres agregó que escogieron al Instituto porque, por competencia legal, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no puede entrar a desarrollar obra en caminos cantonales, solo en caminos nacionales. Pese a ello, el ICE recibirá materiales como vigas y puentes armables por parte del MOPT.

Tanto la Procuraduría General como la Contraloría General han señalado que la construcción de obra pública, ajena a electricidad y telecomunicaciones, no está dentro de las competencias del ICE.

La Contraloría, incluso, ordenó revocar un contrato que el MOPT le dio al Instituto para supervisar la construcción de la carretera a San Carlos. Sin embargo, un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo permitió a la entidad continuar con esa labor.

Precio indefinido

Este medio pidió al ICE el desglose de precios de las estimaciones de los puentes que estarían por iniciar este mes, pero la institución negó los documentos. Por su parte, la CNE insistió en que el presupuesto no ha sido presentado.

"Los montos de cada proyecto se basan en una estimación económica realizada por el ICE donde se incluyen los montos para la ejecución del proyecto. Los costos que se reconocerán al ICE son a través de reembolsos de lo que efectivamente se gaste en los trabajos, lo cual estará debidamente registrado. Si existiera un evento imprevisible que conlleve a un incremento económico, deberá de realizarse una adenda al convenio", reconoció Iván Brenes, presidente de la CNE.

En los proyectos, el ICE cobra un 7% por estudios y diseños, aparte de la maquinaria y personal propio que utilice, principalmente ingenieros y técnicos, confirmó Ignacio Arguedas, coordinador del ICE para estos proyectos.

No se define el monto que se deberá pagar por la maquinaria y mano de obra. Esos pagos están en manos del ICE, que es el contrata entre sus oferentes estos servicios, confirmó la misma entidad.

La construcción de estos proyectos conlleva la contratación de personal. El Instituto confirmó que los trabajadores se contratan hasta que finalice el proyecto, pero no se les define un contrato por tiempo definido; es decir, estarán en la planilla del ICE hasta que se finalice la obra, sin importar por cuánto tiempo sea y, luego, se liquidarán con todas las prestaciones que otorga la Ley.

Según Arguedas, la mano de obra implicará la contratación de unas 250 personas, entre personal del Instituto, personal de proyectos anteriores, y peones locales. Parte de los trabajadores trabajó en otros proyectos como en la planta hidroeléctrica Reventazón que finalizó en 2016, sobre todo el recurso especializado como técnicos, supervisores, ingenieros, reconoció Arguedas.

Figueres sostiene que el ICE contratará personal de las zonas afectadas, sin embargo, los convenios omiten esta obligación.

En cuanto a los materiales, están exonerados de impuestos.

El mismo ICE vigilará la calidad

Por tratarse de un convenio interinstitucional de cooperación y no de una contratación de servicios, el ICE no responderá por daños o compensará los retrasos. Así lo confirmó Iván Brenes, de la CNE.

Además, el ICE está a cargo tanto de la vigilancia de la calidad de las obras que el mismo Instituto tiene la responsabilidad de construir.

Brenes confirmó que no están contemplados estos riesgos, solo que el ICE es el responsable ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) como ejecutor de la obra, pero ello no implicaría compensaciones para el Estado.

Estas obras están sujetas solo a la fiscalización técnica de las municipalidades de los cantones afectados donde se construya la obra, por ser las unidades ejecutoras, así como al departamento de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el caso de la limpieza de ríos. 

Los gobiernos locales son los que deben revisar la obra y aceptarla definitivamente.

Los convenios establecen que las diferencias entre el ICE, la CNE y las unidades ejecutoras se discutirán solo entre las instituciones que suscriben el convenio y no ante terceros.

Las obras se pagarán según reportes mensuales de avance; inicialmente se había establecido que se pagarían 45 días después de recibir el proyecto completo, pero una adenda al convenio general hizo el cambio.

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