10.000 familias se alejan al menos un paso de la pobreza

Beneficiarios cumplieron metas de estudio, capacitación o hallaron trabajo

Hogares seguirán por su cuenta, luego de recibir ayuda del Estado por dos años

LA VOZ DE GOICOECHEA.-   Hace año y medio, la oportunidad tocó a la puerta de Hellen Campos, una madre de 28 años, vecina de León XIII, en Tibás, San José.

Llegaron a ofrecerle ayuda, pero también a ponerle compromisos. A cambio del apoyo, ella tenía que volver a estudiar y asegurarse de que su hija mayor terminara el colegio.

Aceptó el trato, una decisión de la que Campos no se arrepiente, pues, sin temor a equivocarse, afirma que su vida ha cambiado para bien con la guía de una trabajadora social y el apoyo del Estado.

Dentro de pocos meses, sin embargo, llegará el momento en que esta madre y sus dos hijas deberán seguir por su propia cuenta.

Esta familia es una de las participantes en la estrategia denominada Puente al Desarrollo, que implementó este gobierno para combatir la pobreza extrema.

La citada condición aqueja en Costa Rica a unos 307.270 núcleos familiares, según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, describe a esas familias como aquellas que no logran hacer los tres tiempos de comida y deben subsistir con unos ¢800 al día, es decir, la mitad del valor de un kilo de huevos o un kilo de tomates en la feria del agricultor.

La iniciativa Puente se puso en marcha en el 2015, cuando entre julio y diciembre se reclutó a 27.300 familias de los 75 distritos con mayor concentración de pobreza extrema, según los mapas sociales creados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El proceso de Puente al Desarrollo

El programa ofreció un plan de mejora a cada uno de los hogares participantes, el cual debía ejecutarse en dos años, tiempo durante el cual recibían un subsidio de ¢75.000 mensuales.

Según las estimaciones del Gobierno, son cerca de 10.000 las familias que están a punto de concluir esa fase.

Estos núcleos ya cumplieron el 85% de sus objetivos, por lo que los cogestores (trabajadores sociales a cargo) les darán el aval para “graduarse”.

Una de las las metas, por lo general, es que todos los miembros del núcleo familiar terminen sus estudios y que los jefes, así como los adultos jóvenes, se capaciten en algún oficio.

Hellen Campos, por ejemplo, tiene habilidad para las matemáticas, por lo que el IMAS le paga un curso técnico de Contabilidad. Después de enero, cuando tenga su título, espera encontrar un buen empleo.

“La idea de estudiar algo que a uno le guste es trabajar en algo que a uno le guste, más que todo para sacarlas a ellas (sus hijas) adelante. A veces nosotros mismos nos cerramos puertas; gracias a Dios, surgió esta oportunidad y hay que aprovecharla”, manifestó esta mamá de una joven de 14 años y una niña de 2.

La mayor recibe beca del programa Avancemos para que termine el colegio y la menor asiste a la Red de Cuido para que Campos pueda estudiar.

A ellas también se les aprobó un seguro por el Estado para que se pongan al día con la atención de la salud, y se les dará un apartamento en un proyecto de vivienda que se construirá muy cerca del lugar donde viven actualmente.

Esa familia fue de las últimas en ingresar al plan Puente, por lo que aún no se define la fecha exacta de su egreso.

“Es un cambio grande porque uno ya se propone muchas cosas más allá de lo que veía antes, porque sobran las motivaciones para seguir adelante. (...) En realidad yo solo quería trabajar y ya, nunca pensaba en seguir estudiando ni nada”, reconoció.

Tras recibir una mejor casa para su familia, Blanca Sánchez aguarda con ilusión la apertura de su centro de fotocopiado. 

Al 2 de julio de este año, solo el IMAS –la entidad que más recursos económicos aporta– había destinado ¢56.264 millones al financiamiento de subsidios, becas, capacitaciones, cuido, compra de equipo para emprendimientos y otros beneficios del plan Puente.

Informes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud indican que, en conjunto, esas entidades invirtieron ¢3.949 millones más en Puente. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) reportó ¢1.629 millones al finalizar el primer trimestre de este año.

Extensión del plazo

De acuerdo con Emilio Arias, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), hay aproximadamente 17.000 hogares que aún no alcanzan las condiciones idóneas para salir del programa, principalmente porque les falta completar el plan con estudios o encontrar trabajo.

Para esos casos, se creó una fase de seguimiento que les dará un año más para completar sus metas. La decisión implica que también se les mantendrá el subsidio mensual; solo que la ayuda pasará de ¢75.000 a ¢50.000.

“Conforme una familia va saliendo de la pobreza, tenemos que quitarle, poquito a poco, el aporte del Estado; eso lo que hace es que despegue, pero no de un solo tiro (...). Si le quitamos el beneficio por parejo a todo el mundo, lo que podemos generar es que muchos vuelvan a caer en la pobreza extrema a muy corto plazo”, manifestó el jerarca.

Mientras el primer grupo concluye la estrategia, otro espera para ingresar.

Chacón informó de que el segundo grupo también lo integrarán 27.300 familias, las cuales empezarán entre julio y diciembre, conforme egresen las del anterior.

La búsqueda está bajo la responsabilidad de personal del IMAS y encuestadores de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quienes se guían con los mapas del INEC.

El 7 de julio, por ejemplo, Anieska Solórzano entrevistó a dos mujeres en la ciudadela León XIII, a quienes hizo una serie de preguntas sobre la composición de la familia y la situación económica del hogar.

De ser admitida en el segundo bloque del plan Puente, Hazel Navarro pediría becas para que sus hijos continúen sus estudios

Cada caso debe ser sometido a un análisis, luego del cual se elige a los próximos beneficiarios de Puente al Desarrollo.

Señalamientos de la Contraloría

Un llamado de atención de la Contraloría General de la República obligó a las instituciones que conforman la estrategia a ser más ágiles en la aprobación de las ayudas que los cogestores tramitan para sus familias.

El informe de auditoría sobre la eficacia y eficiencia del programa, publicado en diciembre, determinó que para el primer bloque se cumplió en un 100% con las expectativas de alcance de familias y con el perfil requerido (en condición de pobreza extrema).

Sin embargo, también señaló que las entidades a cargo de otorgar los beneficios mostraban grandes diferencias en los tiempos de aprobación de las referencias enviadas por los cogestores, pues un 44% de las ayudas tardaron menos de 30 días en ser aprobadas, el 29% tomó entre 31 y 60 días, el 12% se dilató hasta 91 días, y el 15% duró incluso más.

En el estudio, el ente determinó que la CCSS era la más ágil en el trámite de las referencias, pues usualmente aprobaba los seguros por el Estado y las pensiones del régimen no contributivo en menos de 30 días hábiles. Por el contrario, entidades como Fonabe, el INA, Salud y el Ministerio de Trabajo tardaban en promedio entre 45 y 82 días hábiles.

Las disparidades también fueron notorias en los plazos de cada Área Regional de Desarrollo Social (ARDS) para elaborar los planes familiares, pues mientras en regiones como la Noreste (San José), Heredia, Cartago y Huetar Caribe se elaboraron en promedio en un plazo de 102 a 122 días, en las regiones Brunca y Alajuela tardaron 54 y 38 días en promedio.

Chacón atribuyó las falencias a la capacidad de gestión de las distintas oficinas, y aseguró que los tiempos ya se redujeron. La vicepresidenta dijo que, además, llamaron la atención a los jerarcas para que las unidades que enfrentan atrasos agilizaran sus procesos.

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