LA VOZ DE GOICOECHEA.- El proyecto de ley que le permitiría a un grupo de docentes dejar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IMV) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y regresar al del Magisterio Nacional perdió impulso en el Congreso después de la polémica que ha levantado.
Aunque la iniciativa tendría que votarse en segundo debate este miércoles, surgen muchas dudas de que la aprobación final se vaya a plasmar por las advertencias sobre el impacto financiero que tendría en el IVM y en las finanzas públicas.
Un grupo de diputados espera que el proyecto sea sometido a consulta a la Sala Constitucional y eso retrase por un mes la votación en segundo debate.
Pero incluso en el escenario de que no se haga la consulta de constitucionalidad, algunos de ellos sí son claros de que se debe tomar mayor tiempo para revisar bien las cifras por las incongruencias entre los datos presentados por el Gobierno y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera el miércoles anterior. Contó con 10 votos a favor y 4 en contra.
Según la Jupema, quienes podrían retornar al régimen del Magisterio es un grupo de 1.173 educadores que en 1995 se pasaron al IVM. Pero el Gobierno ha dicho que serían entre 1.800 y 6.000 los beneficiados.
La CCSS estima que la salida de los docentes implicaría una pérdida de ¢52 millonespara el IVM, mientras el Ministerio de Hacienda estima que el costo para las finanzas públicas sería de entre ¢11 mil millones y ¢33 mil millones anuales porque pasarían a un régimen que está cargado al presupuesto nacional.
Sin embargo, la Jupema sostiene que el costo del traslado sería de ¢1.000 millones en el primer quinquenio (¢200 millones por año).
También aduce que no todos los educadores regresarían al IVM porque hay gente que está por pensionarse y otros tendrían que hacer un aporte mínimo de ¢13 millones para pasarse.
Las diferencias tan abismales entre las cifras que manejan uno y otro grupo pone a los legisladores en alguno de los tres siguientes escenarios:
Repensar su voto.
Esperar que se presente la consulta de constitucionalidad para suspender el segundo debate.
Pedirle a un ente especializado que se pronuncie sobre los datos presentados por el Gobierno y la Jupema.
Revisar números
El jefe del PUSC, William Alvarado (izquierda), dijo que es mejor darse un chance.
William Alvarado, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien votó a favor del proyecto, reconoció este lunes que prefiere revisar los datosentregados por las dos partes antes del segundo debate.
“Estaría pensando en la posibilidad de que nos demos un chance para revisar realmente los datos e incluso que un tercero pudiera ver los datos para poder valorar la decisión final“, dijo.
Esto, a pesar de que manifestó que no le cree mucho a los números del Gobierno.
En su criterio, no es prudente someter el proyecto a segundo debate este miércoles.
Su compañera de bancada, Rosibel Ramos, también afirma que le cree a los datos de la Jupema.
La jefa del PLN, Karla Prendas, es del criterio de no votar el proyecto este miércoles. (CRH)
“Queremos verificar, sin embargo, por medio de un tercero, que no sea Jupema ni el Gobierno, los datos. Esperamos que sea la Defensoría de los Habitantes la que nos traslade esa información y también esperamos valorar el tema con nuestro candidato presidencial (Rodolfo Piza)”, indicó.
La diputada Karla Prendas, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), quien votó a favor de la iniciativa, sostiene que es mejor esperar un chancepara tomar determinaciones serias.
“Reunir los criterios técnicos, Hacienda, la Caja, Jupema, gremios y hacer una mesa técnico-política en donde se puedan dar las cifras y reflejar los consensos. Eso le toca liderar al Gobierno”, aseguró.
Insistió que la posición del PLN será la que resulte de conversaciones con técnicos y sectores, y de la consulta de constitucionalidad.
“Si el miércoles se vota ese proyecto, va a ser complicado”, advirtió.
A Sala IV
El diputado Marco Vinicio Redondo coordina la redacción de la consulta de constitucionalidad. (CRH)
El legislador Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien votó en contra de la iniciativa, confirmó que su despacho trabaja en la redacción de la consulta de constitucionalidad y que la idea es presentarla antes del miércoles.
Sin embargo, si no se presenta a la Sala Constitucional antes de las 5 p.m. de ese día, el expediente se someterá a discusión y votación en segundo debate, según explicó el congresista Juan Marín, quien preside la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera.
El liberacionista sostuvo que el traslado de los docentes del IVM al régimen del Magisterio Nacional no impactará las finanzas públicas ni al régimen de pensiones de la Caja en los montos que ha indicado el Gobierno.
El último escenario que manejan quienes se oponen a la iniciativa es pedirle al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que vete la ley en caso de que sea aprobada en segundo debate, como ya lo solicitó el diputado del PAC Ottón Solís.
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