LA VOZ DE GOICOECHEA.- Becas, días libres con goce de salario, atención médica y varios tipos de subsidios son algunos de los privilegios que los consumidores de combustibles de todo el país le financiarán a los empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), una entidad que compra y distribuye derivados del petróleo, pero que no refina desde el 2011.
El pasado 25 de mayo de 2017, mediante la resolución 2016007998, la Sala Constitucional le notificó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que deberá incluir dentro del costo tarifario de los combustibles todos aquellos costos relacionados con la convención colectiva de los empleados de la empresa estatal.
Con esto la Sala se trajo abajo una decisión de Aresep, que desde 2015 resolvió que no reconocería en los ajustes de precio costos por unos ¢20.000 millones, de los cuales cerca de ¢5.000 correspondían a la convención colectiva.
Según Carolina Mora, vocera de Aresep, el reconocimiento de estos costos probablemente se haga a partir de julio próximo.
Privilegios de unos pocos
La pregunta lógica es ¿Qué pagarán todos los costarricenses a los empleados de Recope mediante un sobreprecio? La resolución RIE-091-2015, tramitada en el expediente administrativo ET-046-2015 y halló los costos excluidos por Aresep, que ahora serán incluidos:
Permisos cooperativos
Se trata de licencias con goce de salario y aporte económico a los trabajadores asociados a la cooperativa de la entidad, para atender cursos de capacitación y asistencias a congresos de carácter cooperativo nacionales e internacionales . Para esto se presupuestó unos ¢8,5 millones.
Servicios médicos
La empresa destina recursos para la atención médica privada de los empleados y sus familaires en áreas como odontología, psicología, trabajo social y ginecología. Esto le costaría unos ¢148 millones.
Becas
Recope destina una suma para desarrollar un plan de becas en beneficio de los trabajadores. Las becas son recomendadas por una junta de Relaciones Laborales, tras un estudio técnico elaborado por el Departamento de Capacitación y Desarrollo. Se destinarían ¢2,4 millones
Cuido de niños
La empresa estatal proporciona a los trabajadores con salario bruto igual o menor a los ¢600.000 mensuales, un monto como ayuda para el cuido de sus hijos en un centro infantil. ¢70.000 para familias monoparentales y ¢50.000 para familias biparentales. Esto costaría ¢10,4 millones.
Fondo de ahorro
Recope cuenta con un Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía. Su capital está compuesto por un aporte patronal de un 8% de la planilla mensual y un 5% aportado por los trabajadores mientras duren en funciones en la empresa. En diciembre de cada año se devuelve un 4% de los aportes de los trabajadores. Este es el monto más grande: ¢3.159 millones.
Administración del fondo de ahorro
El personal de administración, contabilidad, asesoría legal y auditoría interna del fondo de ahorro es asumido por Recope, la cual irá cediendo la responsabilidad al propio fondo paulatinamente hasta el 2023. De momento costaría unos ¢784 millones.
Póliza colectiva de vida
Recope mantiene una póliza de protección crediticia para garantizar en caso de muerte del trabajador, el pago de los créditos otorgados por el Fondo de ahorro. El primer beneficiario de la póliza es el fondo de ahorro. Para ese rubró se prespuestó: ¢53,9 millones
Subsidio de servicio de soda
La empresa estatal, con el fin de sostener “un precio razonable de los alimentos” que se suministran en sus sodas, cobra ¢750, monto que se revisa anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).
Convivio de fin de año
Este rubro fue derogado de la convención colectiva. Pero inicialmente se contempló un costo por ¢12,2 millones.
Aresep acatará fallo
El 2 de junio pasado, Aresep respondió a los magistrados de la Sala Constitucional que respetará y acatará el falló, pero también les hizo saber que persiste el temor de que el fallo limite sus potestades de eliminar costos excesivos, así como aquellos que no tienen relación con la prestación del servicio público.
En opinión del regulador general, Roberto Jiménez, se contraviene lo que se estipula en los artículos 46 de la Constitución Política y 32 de la Ley 7593 que le permiten rechazar los costos que son ajenos para no afectar a los usuarios con tarifas injustas.
Además, advierte que el reconocimiento de los costos en la convención colectiva de Recope podría propiciar que las negociaciones de las convenciones colectivas se lleven a cabo sin consideración sobre su impacto financiero y, consecuentemente, en las tarifas que pagan los usuarios de servicios públicos.
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