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Reforma al empleo publico crea salario único para altos mandos

LA VOZ DE GOICOECHEA.-   Gobierno propone subir salario al Presidente y otros jerarcas

SALARIO DEL PRESIDENTE QUEDARÍA EN ¢7,3 MILLONES PROPUESTA DEJA POR FUERA INCENTIVO DE ANUALIDADES

La propuesta de la Casa Presidencial aumentaría los salarios de los altos jerarcas de la administración pública.

La propuesta que el Gobierno negocia con fracciones parlamentarias para “reformar” el empleo público busca aumentar el salario del Presidente y los altos jerarcas de la administración pública.

Pero, además, excluye el pago del incentivo de anualidades en el sector público, uno de los que tiene mayor impacto en el gasto público.

Según el viceministro de la Presidencia para Asuntos Legislativos, Luis Paulino Mora, los tres puntos medulares del proyecto son:

• Pagos por dedicación exclusiva y prohibición.
• Topes a remuneraciones totales en el sector público.
• Régimen salarial único para los altos jerarcas de la Administración Pública.

La propuesta aplicaría al Poder Legislativo, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Poder Ejecutivo y sus órganos adscritos, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, sector público descentralizado y empresas públicas.

La intención del Poder Ejecutivo es condensar en el nuevo texto varias iniciativas sobre reformas al empleo público que se encuentran en la corriente legislativa.

Alza salarial

La propuesta no toca el pago de anualidades en el sector público.

La propuesta crearía un sistema de salario único, sin ningún tipo de incentivos, para los altos jerarcas de la administración pública.

Esto aplicaría de la siguiente forma:

Presidente de la República: 30 salarios base (¢7,3 millones). Actualmente, es de ¢5 millones.

Vicepresidentes de la República: 26 salarios base (¢6,4 millones). Ahora es de ¢3,3 millones.

Ministros: 19 salarios base (¢4,7 millones). Actualmente, es de ¢2,5 millones.

Viceministros: 16 salarios base (¢4 millones). Ahora es de ¢2,4 millones.

Los Presidentes de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones ganarían 26 salarios base; los magistrados, presidentes ejecutivos de instituciones públicas y diputados tendrían 19 salarios base.

Los gerentes de entes descentralizados, Procurador General de la República, Contralor General de la República y Defensor de los Habitantes quedarían con 16 salarios base. 

Solo dos pluses

El Gobierno boicoteó en enero el proyecto para ordenar pluses salariales por presión de los sindicatos.

La reforma solo incluye los incentivos salariales de dedicación exclusiva y prohibición.

Dejó por fuera el pago de anualidades, que crecen más que el pago de salarios en el sector público.

Los porcentajes de la compensación por dedicación exclusiva que propone la Casa Presidencial son los siguientes:

• 55% para los servidores con licenciatura u otro grado académico superior.
• 20% para los profesionales con el bachiller universitario.
• 30% para docentes que trabajan en instituciones de educación superior.

Los porcentajes de por pago de prohibición son los siguientes:

• 65% para los servidores con licenciatura.
• 30% para los profesionales con bachiller universitario.

Límites

La propuesta también fija un límite de 20 veces el salario más bajo de la Administración Pública (¢5,3 millones) para los funcionarios públicos.

El Gobierno negocia con las fracciones legislativas el proyecto 4 meses después de que destrozó una propuesta de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, que pretendía limitar 6 pluses salariales, incluido el pago de anualidades.

En enero, retiró esta última iniciativa de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque en diciembre de 2016 sí la había convocado. Esta decisión la tomó en medio de amenazas de huelga que hicieron los sindicatos.

“Truncan proyecto”

La diputada Piszk dijo que debe analizar “con detenimiento el proyecto”, pero adelantó sus preocupaciones.

“Sin el tema de las anualidades no tenemos la posibilidad de solucionar el problema de las enormes diferencias que hay entre funcionarios públicos que trabajan en el Gobierno Central y los que trabajan en el sector descentralizado”, aseguró.

“Estamos eliminando una parte fundamental del proyecto, que era ordenar ese tipo de inequidades y, por otro lado, se quita otro componente fundamental del proyecto, que es el tema de la evaluación (…) Me parece que dejan el proyecto absolutamente trunco“, agregó.

William Alvarado, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que todavía no conocen la propuesta.

Sin embargo, opinó que el planteamiento es muy básico e insistió que el apoyo de su bancada estará condicionado a que se trate de una reforma con impacto en la reducción del gasto público.

Es limitado

El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, reconoció que el impacto de la propuesta es limitado.

El viceministro de la Presidencia para Asuntos Legislativos, Luis Paulino Mora, reconoció que el el impacto fiscal de la propuesta es limitado.

Según Mora, si se piensa en resolver el déficit fiscal desde el punto de vista del empleo público, cualquier reforma resultará insuficiente.

Explicó que no se incluyó el tema de la regulación a las convenciones colectivas porque ya está incorporado en la Reforma Procesal Laboral y que los pluses de carrera académica y disponibilidad se pueden regular por medio de reglamento.

Insistió en que existe consenso con casi todas las fracciones parlamentarias y diputados independientes para impulsar la propuesta.

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