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7 exjerarcas cobraron prohibición sin estar colegiados

LA VOZ DE OICOECHEA.- El diario La Nación de hoy sábado 3 de junio, publica un trabajo periodístico donde indica que al menos siete jerarcas de las últimas tres administraciones cobraron el incentivo por prohibición a pesar de que incumplían el requisito de estar incorporados al colegio profesional respectivo.

Así se desprende de una revisión del informe que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, envió la Contraloría General de la República, en el que denunció que 39 exfuncionarios percibieron el beneficio salarial sin que en sus expedientes constaran sus colegiaturas o, en algunos casos, sus títulos.

Mediante consultas a colegios profesionales y a los exjerarcas, La Nación corroboró que carecían de colegiatura cuatro jerarcas del gobierno de Óscar Arias (2006-2010), dos de Laura Chinchilla (2010-2014) y uno de la actual administración de Luis Guillermo Solís. En algunos casos, así ocurrió durante todo el periodo y, en otros, por unos pocos meses.

La compensación por prohibición equivale al 65% del salario base. Fue instaurada en el 2004 con el objetivo de impedir que los altos funcionarios públicos ejerzan su profesión de manera liberal durante el tiempo en que ocupan sus cargos.

El informe incluyó a 14 personas que sí cumplían con la colegiatura o el título universitario. A los 12 casos dados a conocer el viernes por este medio, se agregaron otros dos: Clotilde Fonseca, ministra de Ciencia y Tecnología del 2010 al 2011, quien es comunicadora y administradora; y Luis Carlos Araya, viceministro del MOPT del 2010 al 2013, piloto de profesión.

Periodo de Arias

En cuanto a los que no estaban colegiados, del periodo de Arias sobresalen los casos de Alfredo Volio, quien fue ministro de Agricultura y también de Economía, al mismo tiempo, del 2006 al 2007; de Roberto Dobles, ministro de Ambiente; de la viceministra de Comercio Exterior, Amparo Pacheco; y del oficinal mayor de esa última cartera, Sergio Fernández.

Volio posee un título de administrador de empresas pero no forma parte de ningún colegio profesional, a pesar de que para ejercer esa profesión en el país se requiere estar colegiado. En su defensa, alegó que nunca solicitó el pago del incentivo y que eso es responsabilidad de los departamentos de Recursos Humanos.

"Nunca solicité pago alguno por prohibición en mi función como ministro. Desempeñé dos carteras en forma simultánea como ministro del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y ministro del MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio) y solamente recibí un salario", resaltó Volio en la entrevista con La Nación.

Algo similar ocurre con Pacheco. Ella reconoce que no formaba parte del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas cuando fue viceministra, pero aduce que el departamento de Recursos Humanos de Comex nunca le solicitó la colegiatura para recibir ese plus, como sí se la pidieron en el 2014 cuando asumió la dirección del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares.

Dobles, por su parte, niega que haya cometido ilegalidad alguna. En su criterio, cumple con todos los requisitos legales para haber recibido ese sobrepago del 65%. Él es ingeniero industrial y tiene una maestría en Administración y Gerencia, pero no está incorporado ni al Colegio de Ciencias Económicas, ni al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

El exjerarca de Ambiente insiste en que no hay una organización gremial para los profesionales en gerencia y que, por ende, no incumplió la obligatoriedad de la colegiatura.

Se intentó obtener una reacción de Sergio Fernández pero fue imposible ubicarlo antes del cierre de esta edición. Él es licenciado en Administración de Negocios pero se colegió en agosto del 2010, ya cuando había dejado el cargo.

Los de Chinchilla

En el gobierno de Chinchilla, una ministra y una viceministra incumplieron el requisito de la colegiatura. Se trata de Laura Alfaro, quien estuvo al frente del Ministerio de Planificación del 2010 al 2012; y de Gaudy Solórzano, quien se desempeñó los cuatro años como viceministra de Descentralización.

Alfaro cobró durante cinco meses la prohibición sin estar colegiada. Ese plus se le comenzó a pagar el 8 de mayo del 2010, día que asumió el cargo. Ella se integró al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas el 4 de octubre de ese año. Así lo confirmó la oficina de Recursos Humanos del Mideplán.

En redes sociales, ella negó cualquier irregularidad: "Mi primer título de Economía es de la UCR (Universidad de Costa Rica). Yo me incorporé al Colegio de Ciencias Económicas. Cesé la incorporación al salir de Costa Rica. La información es pública. ¿Cuál es el objetivo de estar difamando falsamente a otras personas?"

Por su parte, Solórzano recibió esa compensación durante nueve meses, el tiempo que se desempeñó en el Mideplán, pues después se trasladó al Ministerio de Descentralización, donde sí le exigieron la colegiatura. Su abogado Fernando Orozco afirmó que ella se pondrá a la disposición de las instancias correspondientes para aclarar la situación y que nunca actuó de mala fe, sino que Recursos Humanos de Mideplán nunca le solicitó ese requisito.

"Ella es profesional desde el 2008, es profesional en Comercio Exterior y Aduanas, ella entra como viceministra en el 2010, Recursos Humanos hace todo el proceso de contratación. Ella cumple con todo lo que se le solicita. En su momento, en el 2011, ella pasa al Ministerio de Descentralización, entonces ahí ella pasa a otra plaza y en esa plaza lo que se le paga es dedicación exclusiva; allí es donde le solicitan", explicó Orozco.

Vienen de la vieja normativa 

Otros tres ministros y dos viceministros de la administración de Abel Pacheco (2002-2006) tampoco cumplían con el requisito de la colegiatura, a pesar de que es indispensable para ejercer sus respectivas profesiones.

Sin embargo, ellos vivieron una situación particular, pues cuando asumieron funciones se les aplicaba la antigua legislación, en la que la prohibición no solo era para ejercer profesiones de manera liberal, sino también para ocupar cargos gerenciales en empresas privadas o públicas.

Fue hasta mitad de ese gobierno, 29 de octubre del 2004, que entró a regir la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que deroga la legislación anterior y estable el actual régimen de prohibición para los altos jerarcas públicos.

Tales son los casos de los entonces ministros de Seguridad; Cultura, y de Vivienda, Rogelio Ramos, Guido Sáenz y Ángelo Altamura, respectivamente, así como los viceministros de Cultura, Hernán Solano y Amalia Chaverri.

Ramos y Solano son administradores de empresas, pero ninguno de los dos estaba colegiado cuando ejerció el cargo, mientras que Sáenz y Altamura carecen de títulos universitarios.

Cortesía  La Nación

"Todo eso cambió cuando se aprobó la ley contra la Corrupción, antes era diferente. Yo estaba nombrado desde el 5 de enero del año 2000. Yo creo que ellos (el Gobierno) hicieron una análisis un poco superficial y a la carrera, tomando solo las condiciones que se estaban aplicando actualmente, sin tomar en cuenta como se aplicaba en el pasado. Yo no solicité nunca que me pagaran eso, la gente de Recursos Humanos es la que hace el cálculo y el pago. Sí existía una norma que ampara el pago y yo estoy conforme a la ley. Me parece una ligereza", dijo Ramos.

Mientras, Sáenz agregó: "Qué raro que salgan estas cosas ahora. Yo he sido un estudioso de toda la vida, yo fui profesor universitario, la UCR sí consideró que tenía suficiente conocimiento para ejercer una cátedra. A mí hasta me han dado medallas, qué raro que esten saliendo estas cosas ahora. Yo nunca me ofrecí a nada, ellos me ofrecieron, me buscaron, por mi experiencia, por lo que he escrito, en fin, no sé".

4 educadores defienden cobro de plus

De la lista de 39 exjerarcas que cobraron prohibición sin que en sus expedientes constara la colegiatura profesional, cuatro son educadores.

Se trata de los viceministros de la Presidencia y la de Juventud: Francisco Marín y Karina Bolaños, del perido 2010-2012; y de las ministras de Cultura, María Elena Carballo, y de Educación, Alejandrina Mata, de la administración 2006-2010.

Si bien la ley establece el pago de prohibición para no ejercer profesionales liberales, ellos alegan que cobraron a derecho.

Aunque la docencia no es catalogada como una carrera liberal, dado que la misma ley permite a los jerarcas seguir impartiendo lecciones en universidades fuera del horario laboral, aún con la prohibición, eso no los inhibe para ofrecer otro tipo de servicios con base en los conocimientos de su especialidad.

La jefa de la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), Carmen Montoya, asegura que la mayoría de sus agremiados pueden ser contratados para una consultoría o tutorías privadas, con lo cual estarían ejerciendo su carrera de la manera liberal.

En el caso de que se les pagara para no ejercer sus conocimientos de manera liberal, también surge la interrogante de si la ley les exige estar colegiados, como ocurre con los abogados y los médicos.

La ley del Colypro lo que dice es que deben afiliarse para ejercer la docencia en instituciones públicas y privadas, así como en ciertos puestos del Ministerio de Educación.

No estaban colegiados Francisco Marín, Alejandrina Mata y María Elena Carballo.

Marín alega que, como él no estaba desempeñando labores de docencia, no necesitaba la colegiatura y afirma que una sentencia de la Sala IV lo respalda. En el caso de Bolaños, a ella se le pagó dedicación exclusiva en lugar de prohibición, aunque los viceministros no pueden cobrar ese primer incentivo, según la Contraloría General.

Dos casos no verificados. En otros dos casos de la lista de Casa Presidencial, el de Fernando Zumbado, ministro de Vivienda del 2006 al 2008 y el de Laura Pacheco, viceministra de Cultura del 2006 al 2010, no se logró verificar su situación. Al primero no se pudo localizar, mientras que la segunda se negó a dar declaraciones.

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