LA VOZ DE GOICOECHEA.- Detuvieron el segundo debate al enviar proyecto a publicación en La Gaceta
PAC prepara consulta a la Sala IV y PLN y PUSC hablarán con sus candidatos
Un grupo de diputados acudió a tres vías para frenar la aprobación definitiva del proyecto de ley que permite a educadores salirse del régimen de pensiones del IVM y pasarse al del Magisterio Nacional para obtener una mejor jubilación.
La decisión la tomaron ante la preocupación del Gobierno por el doble impacto económico que tendría el plan.
Primero, le causaría una pérdida inmediata de hasta ¢52.000 millones al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) por el retiro de cuotas que han aportado los educadores.
Segundo, el golpe sobre las finanzas públicas, ya que al pasarse los docentes al régimen del Magisterio, el gasto en jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional aumentaría de ¢11.000 millones a ¢32.000 millones por año.
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, conformada por 19 diputados, avaló el expediente número 17.561 el 7 de junio, en primer debate, con 10 votos a favor y 4 en contra; ese día hubo 5 ausentes. Solo faltaría el segundo debate para que la "Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional", quede aprobada.
Los diputados del PUSC y de Liberación Nacional votaron a favor la reforma al régimen de pensiones de Jupema. Los candidatos de esos partidos políticos les piden analizar mejor las cifras antes del segundo debate del plan para evitar perjuicios a la Caja y al erario.
Dos de las vías utilizadas ahora para inmovilizar el trámite son legales y una es política. La primera se produjo el martes cuando el liberacionista Juan Marín, presidente de la Comisión Plena Primera, giró la orden de que el texto se publicara en el diario oficial La Gaceta el jueves.
De acuerdo con las normas legislativas, el envío de un proyecto a publicación suspende la aprobación de cualquier trámite pendiente, incluso una votación en segundo debate, que es lo que le falta a esta iniciativa para salir de la Asamblea Legislativa para su último paso en la Presidencia de la República, donde debería ser sancionado por el mandatario Luis Guillermo Solís.
La medida de Marín impidió que, este miércoles, se pudiera someter de nuevo a votación la iniciativa. Después de la publicación en La Gaceta, además, se deben esperar 48 horas para proceder con los trámites siguientes.
Como segunda medida legal para frenar el proyecto, los diputados que lo adversan preparan una consulta facultativa para someter el texto al escrutinio de la Sala IV. Alegan que la intención de permitir la salida de los cotizantes del régimen de pensiones del IVM, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), va en contra de la Constitución Política.
El diputado Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y uno de los legisladores que votó en contra de la reforma explicó que ya la consulta tiene más de 16 firmas, entre liberacionistas, socialcristianos, libertarios y oficialistas.
Esa consulta se llevaría ante los magistrados constitucionales el próximo miércoles, donde argumentarán también que es inconstitucional aprobar una iniciativa que le generaría más deuda al Gobierno, para financiar gastos corrientes, o sea, pensiones.
La consulta en la Sala Constitucional frenaría el avance del proyecto por un mes.
La tercera medida consiste en el retiro del apoyo político al plan por parte de varios congresistas, o la revisión de este respaldo por parte de otros.
Las dudas asaltan a los diputados de Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), que aprobaron la iniciativa en primer debate, junto con los del Frente Amplio (FA) y una del PAC.
Los candidatos presidenciales del PLN y del PUSC están pidiendo reconsiderar el apoyo. El texto lo aprobaron tres legisladores del PLN, tres del PUSC, tres del FA y una del PAC.
En el caso de la Unidad, Rodolfo Piza les ha pedido a sus diputados cercanos que le quiten el apoyo, además de que ya Jorge Rodríguez, quien era de la otra tendencia socialcristiana, anunció que no le dará el voto de nuevo.
En Liberación, esperan obtener luz de una reunión que llevarán a cabo con su candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, el próximo lunes. En la cita semanal de la fracción, se le harán consultas específicas sobre el camino que deben seguir sobre si mantener o no el apoyo al proyecto de ley.
El también liberacionista Ronny Monge indicó que esperan instrucciones del Directorio Político del PLN, que se reúne todos los miércoles, con representación de parlamentarios y de líderes nacionales de la agrupación, así como los voceros de los expresidentes de la República.
Los docentes que se trasladen de régimen podrían recibir una pensión mucho mayor que aquella que se ganarían con la Caja, pues en esta última el tope de las pensiones es de ¢1,5 millones. En el régimen del Magisterio, el límite de las pensiones es de ¢4 millones, o sea, el salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica más 30 anualidades y el pago por dedicación exclusiva.
Según la base de datos elaborada por la Dirección de Pensiones de la CCSS, de los 1.847 posibles beneficiarios, el 80% tiene salarios superiores a ¢1 millón, o sea, 1.500 personas. Por otra parte, 321 personas de los incluidos en esa lista tienen sueldos por encima de los ¢3 millones, es decir, podrían superar lo que se considera una pensión de lujo.
La CCSS estima que el plan le provocaría una pérdida de ¢52.000 millones, que tendría que sacar de sus delicadas reservas, porque quienes se pasen se llevarían sus cotizaciones y tendrían que pagar la diferencia mediante deducciones mensuales, puesto que en el Magisterio las cuotas eran mayores.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, alega que el proyecto le demandaría entre ¢11.000 millones y ¢32.000 millones anuales más porque muchos de quienes se trasladen lo harían a un régimen extinto de reparto del Magisterio, en donde el financiamiento depende de un 90% del Gobierno Central y solo un 10% de las contribuciones de los beneficiarios.
El 8 de junio, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, advirtió de que "para poder hacerle frente a esta situación se tendría que aumentar el déficit del Gobierno Central, financiado con deuda, y también trasladar a los distintos cotizantes de los regímenes de pensiones el peso de esta decisión".
La Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) niega que ese número sea real, pues alega que cuando mucho se trasladarían 1.179 docentes y eso generaría un costo de ¢1.000 millones en un periodo de cinco años, aproximadament
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