Las infracciones a las leyes laborales se castigarían con multas severas, si la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley para fortalecer la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo.
La iniciativa, que se encuentra en el primer lugar del orden del día del plenario, es impulsada por la diputada Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Uno de los puntos medulares de la propuesta, atacada fuertemente por el Movimiento Libertario, es la categorización de las infracciones en faltas leves, graves y muy graves.
Faltas leves. Se incluyen aquí, por ejemplo, la ausencia de comprobantes de pago a los trabajadores o datos de planillas incompletas. Se sancionarían con multas de 1 a 7 salarios base mensuales de un auxiliar judicial, es decir de ¢426.200 a ¢3,4 millones.
Faltas graves. Contravenciones en materia de higiene, seguridad y salud en el trabajo, violentar normativas migratorias y de extranjería, y las que supongan el incumplimientos de prescripciones legales, reglamentarias o recogidas en instrumentos de derechos colectivos que afecten cuestiones de fondo en las relaciones laborales. Las multas oscilarían entre los 8 y 15 salarios base (de ¢3,4 millones a ¢6,3 millones).
Faltas muy graves. Cualquier violación a los fueros laborales contenidos en el ordenamiento jurídico, no abonar los salarios o el pago de las prestaciones legales en caso de rescisión contractual con responsabilidad patronal, acciones u omisiones que impliquen discriminación en las condiciones de trabajo e incumplimiento del pago del salario mínimo. Las multas serían entre los 16 y 23 salarios base (¢6,8 millones a ¢9,8 millones).
La liberacionista explicó que aunque el proyecto categoriza las faltas, las multas se recogen de la Reforma Procesal Laboral.
Salario mínimo
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| Incumplir con el pago del salario mínimo sería una falta muy grave |
Incumplir el pago del salario mínimo, además de ser una infracción con una de las multas más severas, expondría al patrono incluso al cierre del negocio.
En este tipo de infracción, la sanción sería de aplicación inmediata. Es decir, no cabría una prevención.
Según datos proporcionados por el despacho de Piszk, en 2009 existían alrededor de 1.116.000 personas ocupadas en el sector privado, de las cuales se estimaba que al menos 309.000 (28%) recibía un salario por debajo del mínimo legal.
La legisladora agregó que, de acuerdo con el décimo quinto informe del Estado de la Nación, si se cumpliera a cabalidad con el pago del salario mínimo, se podría reducir la pobreza total en 6,6 puntos porcentuales y la pobreza extrema en dos puntos.
Nuevo tribunal
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| Sandra Piszk: “La Inspección laboral es un departamento débil en el Ministerio de Trabajo” |
El proyecto crearía el Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y tendría competencia en todo el territorio nacional.
Este órgano agotaría la vía administrativa y sus resoluciones serían de acatamiento estricto y obligatorio.
Conocería y resolvería en alzada los recursos de revisión planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y contra los actos por medio de los cuales se impongan multas por violación a las normas laborales.
Según la iniciativa, los inspectores laborales podrían visitar los centros de trabajo, sin previo aviso, e ingresar a todas las áreas en distintas horas del día y de la noche, si el trabajo se desarrolla en ese horario.
También podrían pedir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas y medios de pago.
Además, tendrían la facultad de examinar las condiciones higiénicas de los centros de trabajo y de seguridad personal, así como podrían dictar órdenes de ejecución inmediata.
Sí y no
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| Otto Guevara: “Convierte a los inspectores en jueces y parte” |
Tres razones que expone la liberacionista para que la iniciativa se apruebe el proyecto son las siguientes:
La Inspección Laboral es un departamento débil en el Ministerio de Trabajo y de nada sirve que haya legislación, si no se puede verificar en el campo.
Hay una gran cantidad de trabajadores que no reciben el salario mínimo y si se cumpliera con su pago, impactaría en la reducción de la pobreza.
Fija pautas a los inspectores para que exista mayor transparencia. “No se permite que un inspector a medio camino retire una denuncia, por ejemplo”, explicó.
Sin embargo, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, bancada que impuso 104 mociones al proyecto, sostiene que no debe aprobarse y lo justifica así:
Convierte a los inspectores del Ministerio de Trabajo en jueces y parte. El inspector tendría el poder de imponer la sanción. Hoy lo hace un juez.
Tiene muchas disposiciones que son como un cheque en blanco. Hay artículos cuyos incisos dejan un ámbito muy subjetivo a la interpretación del inspector para determinar si hay incumplimientos de salud ocupacional o de violación a otras normativas.
El Ministerio de Trabajo afectaría a miles de pequeños emprendimientos que no están exceptuados de toda la normativa laboral. Muchas personas dejarían de participar en la economía, aumentaría el desempleo y la pobreza.
El proyecto se sometería a votación después de que el plenario legislativo conozca las más de 100 mociones presentadas por el libertario
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