Diputados aprueban proyecto antilavado al filo de la navaja
LA VOZ DE GOICOECHEA.- Operaciones sospechosas de lavado de dinero irregular, como la compraventa de propiedades o bienes, deberán ser reportadas por los abogados, notarios, contadores y otros profesionales que sospechen de esas operaciones.
Con 42 diputados a favor y dos en contra, la Asamblea Legislativa aprobó esta mañana en segundo debate un proyecto de ley para combatir el lavado de dinero en el paÃs.
Lo hicieron justo en el momento en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estudia las polÃticas que Costa Rica tiene para luchar contra la legitimación de capitales. El paÃs está en riesgo de entrar en una "lista gris de paÃses no cooperantes", lo que significarÃa un duro golpe para los bancos locales.
Este miércoles, una delegación de Costa Rica rinde un informe sobre el GAFI en Miami.
El proyecto de ley aprobado regulará actividades profesionales no financieras, como notarios, abogados que administran bienes de terceros, corredores de bienes raÃces, casinos, vendedores de joyas y piedras preciosas, para que tengan que reportar –obligatoriamente– actividades de sus clientes que puedan estar vinculadas con el crimen organizado o el terrorismo.
Casa Presidencial habÃa solicitado al Congreso aprobar este proyecto y otros proyectos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y poner a Costa Rica en regla con la legislación internacional sobre el tema.
Ya la Asamblea habÃa aprobado varios proyectos, como el de lucha contra el financiamiento al terrorismo, pero el de regulación de actividades no financieras se habÃa atrasado.
En su discurso anual ante los diputados, el propio presidente Luis Guillermo SolÃs advirtió de los altos riesgos que implicaba no aprobar la iniciativa.
El primer afectado directo si el paÃs ingresa en el infame grupo de los paÃses no cooperantes será el bancario.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, lo explicó asÃ: "El sector más afectado serÃa el financiero, que perderÃa sus corresponsalÃas bancarias, serÃa más difÃcil acceder a financiamiento en el extranjero y subirÃan las tasas de interés interno. También afectarÃa el sector importador, el turismo o los bancos cuyos clientes sean extranjeros".
Si bien la iniciativa ya habÃa sido aprobada en primer debate, diputados del Frente Amplio y del PUSC le metieron una zancadilla al proyecto al enviarlo a consulta a la Sala IV, lo que impedÃa darle segundo debate.
Con 42 diputados a favor y dos en contra, la Asamblea Legislativa aprobó esta mañana en segundo debate un proyecto de ley para combatir el lavado de dinero en el paÃs.
Lo hicieron justo en el momento en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estudia las polÃticas que Costa Rica tiene para luchar contra la legitimación de capitales. El paÃs está en riesgo de entrar en una "lista gris de paÃses no cooperantes", lo que significarÃa un duro golpe para los bancos locales.
Este miércoles, una delegación de Costa Rica rinde un informe sobre el GAFI en Miami.
El proyecto de ley aprobado regulará actividades profesionales no financieras, como notarios, abogados que administran bienes de terceros, corredores de bienes raÃces, casinos, vendedores de joyas y piedras preciosas, para que tengan que reportar –obligatoriamente– actividades de sus clientes que puedan estar vinculadas con el crimen organizado o el terrorismo.
Casa Presidencial habÃa solicitado al Congreso aprobar este proyecto y otros proyectos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y poner a Costa Rica en regla con la legislación internacional sobre el tema.
Ya la Asamblea habÃa aprobado varios proyectos, como el de lucha contra el financiamiento al terrorismo, pero el de regulación de actividades no financieras se habÃa atrasado.
En su discurso anual ante los diputados, el propio presidente Luis Guillermo SolÃs advirtió de los altos riesgos que implicaba no aprobar la iniciativa.
El primer afectado directo si el paÃs ingresa en el infame grupo de los paÃses no cooperantes será el bancario.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, lo explicó asÃ: "El sector más afectado serÃa el financiero, que perderÃa sus corresponsalÃas bancarias, serÃa más difÃcil acceder a financiamiento en el extranjero y subirÃan las tasas de interés interno. También afectarÃa el sector importador, el turismo o los bancos cuyos clientes sean extranjeros".
Si bien la iniciativa ya habÃa sido aprobada en primer debate, diputados del Frente Amplio y del PUSC le metieron una zancadilla al proyecto al enviarlo a consulta a la Sala IV, lo que impedÃa darle segundo debate.
El Gobierno negoció con varios diputados para que retiraran sus firmas de la consulta, de manera que no se alcanzara el mÃnimo de diez que se requiere para llevar un proyecto de ley al tribunal constitucional. A las 9:15 a. m. de este miércoles, por mayorÃa, la Sala IV rechazó estudiar el trámite del proyecto, en vista de que varios legisladores desistieron de pedirlo y ya no se alcanza el número requerido.
Siete magistrados votaron por archivar el expediente y tres salvaron su voto. Estos últimos consideraron que si la consulta cumplió con los requisitos, al momento de ser presentada, se le debÃa dar curso.
A la hora de la revisión final, la consulta solo tenÃa ocho firmas. Esa acción fue promovida por los disidentes del Frente Amplio Ligia Fallas y Jorge Arguedas, asà como los independientes Carmen Quesada y Carlos Hernández.
Con la resolución de la Sala IV, casi al mediodÃa de este miércoles, el plenario aprobó el proyecto.
Votaron en contra el libertario Otto Guevara y la socialcristiana Rosibel Ramos.
Los diputados del PUSC alegan que ellos defendieron, a través de mociones, a trabajadores independientes, y permitieron que se aprobara la legislación que los obliga a fiscalizar flujos de dinero y las transacciones sobre activos, a cargo de la Sugef y del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Según William Alvarado, el PUSC forzó a que no se fiscalicen todas las organizaciones sin fines de lucro, sino solamente las que envÃan dinero fuera del paÃs o que lo reciben desde el extranjero.
La defensa a los profesionales radica en que se logró que estos no paguen el canon de fiscalización al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Alvarado dice que se pretendÃa que pagaran $1.000 al año.
“Eso es mucho para un contador de pueblo, que lleva las cuentas de los pequeños negocios, en una zona rural y de menor desarrollo”, dijo el socialcristiano.
Siete magistrados votaron por archivar el expediente y tres salvaron su voto. Estos últimos consideraron que si la consulta cumplió con los requisitos, al momento de ser presentada, se le debÃa dar curso.
A la hora de la revisión final, la consulta solo tenÃa ocho firmas. Esa acción fue promovida por los disidentes del Frente Amplio Ligia Fallas y Jorge Arguedas, asà como los independientes Carmen Quesada y Carlos Hernández.
Con la resolución de la Sala IV, casi al mediodÃa de este miércoles, el plenario aprobó el proyecto.
Votaron en contra el libertario Otto Guevara y la socialcristiana Rosibel Ramos.
Los diputados del PUSC alegan que ellos defendieron, a través de mociones, a trabajadores independientes, y permitieron que se aprobara la legislación que los obliga a fiscalizar flujos de dinero y las transacciones sobre activos, a cargo de la Sugef y del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Según William Alvarado, el PUSC forzó a que no se fiscalicen todas las organizaciones sin fines de lucro, sino solamente las que envÃan dinero fuera del paÃs o que lo reciben desde el extranjero.
La defensa a los profesionales radica en que se logró que estos no paguen el canon de fiscalización al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Alvarado dice que se pretendÃa que pagaran $1.000 al año.
“Eso es mucho para un contador de pueblo, que lleva las cuentas de los pequeños negocios, en una zona rural y de menor desarrollo”, dijo el socialcristiano.
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