Transportes

4/17/2017 02:11:00 p.m.

Contraloría hace advertencia a diputados por proyecto que regularía Uber

* Este tipo de proyectos deben tener la solución al congestionamiento vial y los impactos ambientales

* Se debe tener especial cuidado con las obligaciones contraídas por el Estado y los derechos adquiridos en los contratos de concesiones de obra y de servicio público de transporte ya otorgadas

Redacción.- La Contraloría General de la República, ente auxiliar de la Asamblea Legislativa emitió un informe donde pide a los congresistas tomar una serie de medidas precautorias en caso de que aprueben un proyecto de Ley que pretende regular plataformas como las que usa Uber.

Así consta en el documento DFOE-IFR-0157 del 31 de marzo del 2017, suscrito por Marcela Aragón Sandoval, Gerente de área y Marilú Aguilar González, Fiscalizadora de la Contraloría General, mediante el cual emitieron el criterio de esa institución sobre el proyecto denominado “Ley de movilidad colaborativa”, que se tramita en el expediente legislativo número 20.124.

En el documento de doce páginas, la Contraloría señala una serie de falencias y preocupaciones en la iniciativa de Ley, que es estudiada en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.

“Este tipo de iniciativas requiere que sean articuladas con el resto de elementos que integran un sistema de transporte nacional, y que se encuentra regulado en diferentes normativas y bajo diversos esquemas en nuestro país. Es decir, que es un punto de partida que el Estado determine su posición sobre el tipo de transporte público que regirá en nuestro país y a partir de ese modelo, si fuere necesario, proceder a efectuar las regulaciones y ajustes al marco normativo que rige actualmente esa materia”, dijo la Contraloría como parte de sus primeras observaciones.

Para el ente contralor, entre los factores que deben tomarse en cuenta a la hora de estudiar proyectos como este se encuentran la solución al congestionamiento vial y los impactos ambientales, además de tener especial cuidado con las consecuencias que una nueva normativa -como la del proyecto- tendría sobre las obligaciones contraídas por el Estado y los derechos adquiridos en los contratos de concesiones de obra y de servicio público de transporte ya otorgadas.

Fotografía con fines ilustrativos

Por otro lado, la Contraloría cuestionó que la iniciativa otorgue competencias en materia de movilidad colaborativa al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), ya que afirma que sus competencias se refieren a política económica, desarrollo y fomento empresarial, “por lo que resultan ajenas a su quehacer muchas de las funciones que contempla este proyecto en cuanto a materia de transporte”.

“Al existir en nuestro medio diversas instancias especializadas en temas de transporte, es aconsejable la valoración de la conveniencia de asignar funciones de control, por ejemplo de la eficiencia, seguridad y comodidad de un servicio de transporte a un ministerio cuyas funciones son ajenas a esa materia. Aunado a que ello podría generar una duplicidad de funciones, una mayor complejidad en las interrelaciones de las diferentes instituciones y un aumento en la planilla estatal, según se desarrolla más adelante”, dice el informe.

De seguido, la Contraloría advirtió que el proyecto debe contener entre sus objetivos el concepto de competencia justa, con el fin de que se eviten “distorsiones que puedan promover más bien desigualdades, todo lo cual, tal y como se ha mencionado, requiere una definición estatal mediante políticas públicas sobre lo que se necesita y se busca en materia de transporte a nivel nacional”.