La Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon) pidió excluir la fauna silvestre del proyecto de ley contra el maltrato animal.
Aunque reiteró que apoya la legislación para prevenir, combatir ysancionar el maltrato de especies de animales domésticos, mascotas, de carga, producción, callejeros, de crianza y peleas de gallos, anunció que los animales silvestres no deben estar incluidos en la nueva ley.
Fecon fijó su posición ante la polémica generada por la definición de animal y que entraba la aprobación de la iniciativa en segundo debate por parte de la Asamblea Legislativa.
En su criterio, incluir la fauna silvestres es improcedente porque reduce el nivel de protección de los animales silvestres que ya se encuentran protegidos por la Ley de Vida Silvestre.
La Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon) pidió excluir la fauna silvestre del proyecto de ley contra el maltrato animal.
Aunque reiteró que apoya la legislación para prevenir, combatir ysancionar el maltrato de especies de animales domésticos, mascotas, de carga, producción, callejeros, de crianza y peleas de gallos, anunció que los animales silvestres no deben estar incluidos en la nueva ley.
Fecon fijó su posición ante la polémica generada por la definición de animal y que entraba la aprobación de la iniciativa en segundo debate por parte de la Asamblea Legislativa.
En su criterio, incluir la fauna silvestres es improcedente porque reduce el nivel de protección de los animales silvestres que ya se encuentran protegidos por la Ley de Vida Silvestre.
“La inclusión de la fauna silvestre en este proyecto constituye una regresión ambiental al reducir las sanciones que hoy pesan sobre el tráfico, la violencia y la explotación de vida silvestre”, sostuvo la organización.
La Fecon explicó que las penas establecidas en la Ley de Vida Silvestre para delitos contra la fauna silvestre son mayores que las establecidas en la Ley de Bienestar Animal.
“Si se incluye la fauna silvestre en el proyecto y llega a ser aprobado, entonces los jueces se verán ante lo que se conoce como “conflicto de aplicación” donde un delito tiene penas distintas en dos leyes diferentes y prevalecerá la ley posterior, cuyas penas son inferiores”, indicó la organización.
